Presuntamente Daniel Barrágan habría recibido jugoso contrato
Una nueva controversia sacude a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Esta vez, el foco está en Daniel Barragán, un contratista que, según la concejal Diana Diago, habría sido beneficiado con un contrato de más de 220 millones de pesos sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la entidad.
Barragán fue vinculado mediante el contrato UAESP-004-2024 para brindar apoyo especializado en la Dirección General de la entidad. Para asumir ese rol, debía contar con un posgrado y más de 97 meses de experiencia profesional. Sin embargo, la documentación que presentó solo acredita 60 meses. A pesar de esta evidente falta de experiencia, el contrato fue firmado y luego incluso adicionado, superando los 220 millones de pesos.
Homologaciones forzadas y cercanías políticas
De acuerdo con Diago, la UAESP habría justificado esta contratación “acomodando” la experiencia que faltaba mediante una discutida homologación de su formación académica. “Una maestría no reemplaza casi cuatro años de experiencia laboral, pero así están manejando los contratos públicos en esta entidad”, cuestionó la concejal.
Lo que más preocupa, según Diago, es que esta no sería una situación aislada. Ya en ocasiones anteriores, la cabildante había denunciado irregularidades similares con otros contratistas, como Isabel Camacho, supuestamente cercana a la directora Consuelo Ordóñez. En ese caso, Camacho quien habría sido su asistente durante una campaña política fue contratada y luego renovada, pese a tener funciones poco claras y escasa experiencia documentada.
El caso de Barragán sigue el mismo patrón. Según la denuncia, su cercanía con Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando trabajaron juntos en la Gobernación de Santander y luego en diferentes dependencias del Distrito. Esa relación de confianza parece haber sido más determinante que el cumplimiento de los requisitos legales para su contratación.
Una práctica repetida con total impunidad
Para Diago, este tipo de prácticas son una muestra de cómo se estarían utilizando los recursos públicos para pagar favores políticos: “No se trata de meritocracia ni de transparencia. Aquí lo que hay es una cadena de contratos dirigida a beneficiar a los amigos de la directora. Y mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán guarda silencio”.
La concejal advierte que lo ocurrido en la UAESP no solo compromete la ética institucional, sino que también erosiona la credibilidad de los procesos contractuales del Distrito. Pide una intervención inmediata de los entes de control y mayor vigilancia ciudadana sobre la forma en que se manejan los recursos públicos.
