Taylor Little tiene 21 años y utiliza pronombres neutros.
«Me vi literalmente atrapada por la adicción a los 12 años. Y no recuperé mi vida en toda mi adolescencia».
Su adicción eran las redes sociales, y eso la llevó a varios intentos de suicidio y años de depresión.
Describe a las empresas tecnológicas como «grandes monstruos malvados».
En su opinión, las empresas ponen conscientemente en manos de los niños productos altamente adictivos y perjudiciales.
Por eso Taylor y cientos de familias estadounidenses están demandando a cuatro de las mayores empresas tecnológicas del mundo.
Diseño nocivo
La demanda contra Meta (propietaria de Facebook e Instagram), TikTok, Google y Snap Inc (propietaria de Snapchat) es una de las más grandes jamás presentadas contra Silicon Valley.
Entre los demandantes hay familias comunes y corrientes, y distritos escolares de todo Estados Unidos.
Alegan que las plataformas son perjudiciales por su diseño.
Los abogados de las familias creen que el caso de la estudiante británica de 14 años Molly Russell es un ejemplo importante de los daños potenciales a los que se enfrentan los menores.
El año pasado los abogados de la adolescente siguieron por videoconferencia desde Washington la investigación sobre la muerte de esta, en busca de pruebas que pudieran utilizar en la demanda estadounidense.
El nombre de Molly se menciona una docena de veces en la demanda principal interpuesta ante una corte de California.
La semana pasada, las familias del caso recibieron un importante espaldarazo cuando un juez federal dictaminó que las empresas no podían ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, para bloquear la demanda.
El juez también dictaminó que la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que establece que las plataformas no son editoriales, no otorga a las empresas una protección general.
El juez dictaminó que, por ejemplo, la falta de una verificación de edad «robusta» y unos controles parentales deficientes, según argumentan las familias, no son cuestiones de libertad de expresión.
Los abogados de las familias calificaron la decisión como una «victoria significativa».
Las empresas aseguran que las acusaciones no son ciertas y tienen intención de defenderse con contundencia.
