El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia profirió el pasado 8 de septiembre una sentencia de tutela en la que ordena proteger los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, del Partido Liberal.
La acción de tutela fue interpuesta luego de que la congresista denunciara afectaciones a su imagen pública y profesional como consecuencia de declaraciones y publicaciones que, según el fallo, no contaban con respaldo probatorio suficiente y generaban un riesgo de desinformación. El despacho judicial concluyó que las expresiones en cuestión vulneraban los derechos de la parlamentaria, al no ajustarse a los principios de veracidad e imparcialidad que deben regir en el debate público.
El juez recordó que si bien la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución, este no es absoluto y encuentra límites en la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, enfatizó que el ejercicio comunicativo debe ser responsable, más aún cuando se trata de funcionarios públicos que cumplen roles de representación ciudadana.
La congresista Aristizábal celebró el fallo como una reivindicación de sus derechos, subrayando que siempre ha actuado dentro del marco legal y con transparencia. “La política debe hacerse con respeto, sin acudir a ataques infundados que buscan destruir la honra de quienes servimos al país”, expresó a través de un comunicado.
El caso también abre un debate más amplio sobre los límites entre la crítica política y la afectación a la reputación personal. Expertos en derecho constitucional destacan que el fallo reafirma la importancia del equilibrio entre la libertad de opinión y la responsabilidad de no incurrir en actos de difamación que lesionen la integridad de terceros.
En el ámbito político regional, la decisión fortalece la posición de Aristizábal, quien actualmente lidera iniciativas legislativas en materia de desarrollo social y transparencia en la contratación pública. Sus seguidores interpretan el fallo como una muestra de respaldo institucional frente a los ataques recibidos.
La sentencia del Juzgado Cuarto Penal de Armenia, además de proteger a la congresista, envía un mensaje claro a los actores políticos y sociales: la libertad de expresión no puede ser usada como herramienta para vulnerar derechos fundamentales. En un clima político cada vez más polarizado, la justicia recuerda que el debate democrático debe estar acompañado de respeto, veracidad y responsabilidad.
