Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 marcaron uno de los episodios más oscuros de la historia colombiana: la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. Más allá del enfrentamiento armado —que dejó cerca de 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia— emergen décadas de dolor, impunidad y un conflicto adicional: la entrega errónea de restos y la angustiosa búsqueda de la verdad por parte de las familias de las víctimas.
En este contexto aparece la historia de dos familias que, sin saberlo, se cruzaron en un drama mayor: por más de 30 años, una ha buscado sin descanso al ser querido desaparecido; la otra lloró en silencio frente a una tumba que creía representaba a su familiar… y no era así. Esta historia simbólica revela las grietas de la justicia, la memoria y la genética forense en Colombia.
El origen del drama: la toma del Palacio
La mañana del 6 de noviembre de 1985, cerca del mediodía, el grupo insurgente M‑19 irrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá, secuestrando magistrados, empleados y visitantes. Al día siguiente, fuerzas militares retomaron el edificio con tanques, bombardeos y fuego de cañón en el corazón de la capital. El edificio fue consumido por un incendio, se perdió documentación y desaparecieron personas.
Desde entonces, han existido múltiples versiones oficiales, informes de organismos de derechos humanos y un clamor constante de las familias: ¿qué pasó con los desaparecidos? ¿Dónde están los restos de los que murieron o fueron desaparecidos? ¿Por qué se han equivocado las identificaciones? La respuesta tiene muchas aristas.
El caso que une a dos familias
La nota original del diario El Espectador narra cómo durante 31 años la señora Pilar Navarrete buscó a su esposo, Héctor Jaime Beltrán —empleado del restaurante del Palacio—, mientras que el señor Gabriel Andrade visitaba una tumba en Barranquilla creyendo que allí reposaban los restos de su padre, cuando en realidad no era así.
- Héctor Jaime Beltrán desapareció durante la toma/retoma del Palacio y no se supo de su paradero con certeza en los años posteriores.
- La familia de Gabriel Andrade enterró a su progenitor bajo la creencia de que eran sus restos; sin embargo, investigaciones posteriores muestran que los restos enterrados pertenecían a otra persona.
- En 2017 y años siguientes se han realizado exhumaciones, análisis genéticos y revisiones de necropsias para corregir las identificaciones erróneas: por ejemplo, los restos del magistrado Emiro Sandoval Huertas no correspondían a él, y los que se creían del escolta Jaime Benítez Prieto finalmente se identificaron como los del magistrado Alfonso Patiño Roselli.
¿Qué pasó con los restos?
El episodio de la entrega equivocada de restos se ha convertido en uno de los símbolos de la impunidad y la negligencia forense del Estado colombiano. De hecho:
- Se realizaron necropsias en 1985 que, en muchos casos, no registraron correctamente la ubicación, la identidad y las circunstancias de los fallecidos.
- Muchas familias enterraron los restos que se les entregaron sin saber que podrían no ser los suyos. Los errores en la cadena de custodia, la limpieza del escenario del crimen y la mezcla de cuerpos generaron enormes confusiones.
- En algunos casos recientes se han corregido esos errores: como el caso del magistrado Patiño Roselli, cuyos restos fueron identificados siglos después con más de 99.99 % de certeza.
- Para muchas víctimas sigue pendiente la identificación, una entrega digna y una explicación por parte del Estado. Esta situación alimenta el sufrimiento de las familias y la duda sobre cuánto se ha avanzado realmente en el esclarecimiento.
Memoria, justicia y reparación
La vigencia del recuerdo de la tragedia del Palacio de Justicia no es sólo histórica: cada 6-7 de noviembre se conmemoran los hechos, se hacen actos de memoria, y se exigen avances en verdad y reparación para las víctimas y sus familias.
Pero el caso de las tumbas equivocadas añade una dimensión adicional: la vulneración de otro derecho fundamental —el derecho a una sepultura digna y a la identidad de los restos—. Cuando una familia llora al muerto equivocado, la reparación queda incompleta; la justicia se vuelve una deuda perpetua. El Estado colombiano ha asumido parte de esa responsabilidad, pero la percepción de “verdad incompleta” persiste.
¿Por qué importa este caso?
- Para las familias: Representa la profundización del dolor. No basta con que la guerra termine o que se conozca una versión oficial; es necesario que los restos de padre, esposo o hermano encuentren reposo y que la identidad sea confirmada.
- Para la justicia transicional: El episodio del Palacio ejemplifica cómo los crímenes de Estado y de insurgencia pueden diluirse en el olvido cuando la cadena forense, investigativa y judicial falla.
- Para la memoria colectiva: A 40 años del suceso, la existencia de errores tan groseros en la identificación de víctimas afecta la credibilidad de la narrativa oficial, refuerza el escepticismo y erosiona la esperanza de que la verdad plena sea posible.
- Para el Estado de derecho: Revela que no sólo se trata de capturar responsables, sino de asegurar que los procesos postconflicto tengan rigor científico, institucional y ético para que las víctimas y la sociedad recuperen su confianza.
Retos pendientes
- Continuar con las exhumaciones y análisis genéticos pendientes: Hay restos que aún no han sido entregados o cuya identidad permanece incierta.
- Establecer con claridad responsabilidades institucionales: ¿Qué tanto se perdió por negligencia, qué tanto por ocultamiento?
- Garantizar la reparación integral: Esto no sólo implica dinero o indemnización, sino verdad, memoria, dignificación de las víctimas y acompañamiento a las familias.
- Fomentar la educación y la memoria para que hechos como este no se repitan: el caso del Palacio es simiente de muchas reflexiones sobre la violencia política, el derecho y la democracia en Colombia.
Conclusión
La historia de una tumba equivocada que unió a dos familias en su afán por encontrar a sus muertos es más que un error técnico: es un símbolo de una justicia parcial, de memorias heridas y de vidas detenidas en la espera. En el marco de los 40 años del suceso del Palacio de Justicia, esta historia recuerda que los deberes pendientes son múltiples: no basta con conmemorar, debe entregarse identidad; no basta con investigar, debe repararse; no basta con prometer, debe cumplirse.
