El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorando para priorizar la desnaturalización de ciudadanos que hayan cometido ciertos delitos, incluso si ocurrieron antes de obtener la ciudadanía. Esta decisión afecta directamente a miles de familias latinoamericanas que confiaron en el proceso de naturalización como una vía segura y legítima. Trump revive política de desnaturalización: riesgo a miles de familias latinoamericanas.
Entre las nuevas prioridades figuran delitos como fraude en Medicaid, crímenes sexuales, nexos con pandillas, o simplemente haber ocultado información relevante durante el proceso de ciudadanía. La medida, firmada por el fiscal adjunto Brett Shumate, se enmarca dentro de la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump y genera alarma en comunidades migrantes.
El procedimiento se realiza por la vía civil, lo que significa que el acusado no tiene derecho a abogado público, lo que deja a muchas personas en absoluta indefensión legal.
Un proceso sin garantías para inmigrantes naturalizados; Trump revive política de desnaturalización: riesgo a miles de familias latinoamericanas
Los procedimientos civiles para revocar la ciudadanía operan con reglas distintas a las penales. El acusado debe asumir los costos de defensa y puede perder su estatus sin un juicio justo ni revisión adecuada de pruebas. Expertos advierten que esto abre la puerta a errores judiciales, abusos y discriminación.
“La ciudadanía debería ser un derecho protegido, no un privilegio frágil”, declaró Cassandra Robertson, experta en derecho constitucional. Muchos de los afectados son padres y madres de niños ciudadanos estadounidenses. Si uno pierde la ciudadanía, los efectos pueden extenderse a sus hijos y desestabilizar por completo el núcleo familiar.
El caso más reciente es el de Elliott Duke, quien perdió la ciudadanía por un delito cometido años antes de su naturalización. Ahora vive en situación de apatridia. Organizaciones de derechos civiles temen que se repitan casos como este con inmigrantes latinoamericanos que cometieron errores menores hace décadas.
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Comunidad latina teme un uso político y selectivo de la medida
Líderes comunitarios y activistas denuncian que esta política puede usarse con fines políticos, especialmente contra voces disidentes o grupos racializados. Figuras como Zohran Mamdani ya enfrentan peticiones para ser desnaturalizados bajo argumentos políticos.
“Esto no es solo una política migratoria, es una amenaza a la estabilidad emocional y legal de nuestras familias”, afirmó Liliam Andrade, vocera de una red de madres migrantes en Texas.
Además, el memorando permite a fiscales actuar incluso fuera de las categorías establecidas, lo que incrementa la arbitrariedad del proceso. La preocupación crece entre padres latinos que, tras años de trabajo y contribuciones, hoy temen perderlo todo por decisiones tomadas en Washington.