La administración del presidente estadounidense Donald Trump autorizó a la petrolera Chevron para que retome la extracción de petróleo en Venezuela bajo un acuerdo que impide explícitamente el pago de regalías o impuestos al gobierno de Nicolás Maduro, según confirman varias fuentes internacionales y venezolanas. Este giro en la política energética de Washington busca impedir el flujo de recursos frescos hacia el régimen de Caracas, manteniendo así la presión diplomática y sancionatoria sobre el país sudamericano.
La decisión marca un cambio notorio respecto a la política anterior, pues la licencia de Chevron había expirado en mayo pasado y el gobierno de Joe Biden optó por no renovarla precisamente para evitar que Maduro se beneficiara de la actividad petrolera en suelo venezolano. Sin embargo, la nueva administración Trump ha estructurado el acuerdo de modo que los ingresos derivados de la actividad de Chevron no lleguen a las arcas del gobierno venezolano, y la empresa norteamericana queda habilitada para reiniciar operaciones bajo esas condiciones estrictas.
La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, analistas internacionales consideran que esto podría reactivar parcialmente la producción petrolera en Venezuela, una de las más bajas en décadas, pero sin aliviar la crisis fiscal del gobierno de Maduro. Por otro, expertos en política exterior advierten que la autorización refleja una nueva táctica estadounidense: mantener la explotación de un recurso estratégico para la economía global, pero sin normalizar relaciones ni flexibilizar el bloqueo financiero y diplomático que pesa sobre el país caribeño.
La noticia coincide con un contexto de distensión parcial entre Washington y Caracas, marcado por el intercambio de prisioneros políticos. En las últimas semanas, se negoció la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de la excarcelación de venezolanos presos en centros de detención de Estados Unidos. Estos acercamientos, aunque no implican un cambio estructural en la relación bilateral, han sido interpretados como señales de pragmatismo en escenarios de alta tensión diplomática.
No obstante, la administración Trump ha sido clara en mantener un enfoque rígido frente al gobierno de Maduro: no hay levantamiento de sanciones ni reconocimiento político hasta que se cumplan condiciones mínimas de apertura democrática en Venezuela. El Departamento de Estado reiteró que, en ningún caso, permitirá que el Estado venezolano obtenga ganancias por la venta de petróleo, y reserva la facultad de revisar o suspender la licencia si se incumplen las condiciones del acuerdo.
En el panorama internacional, la decisión es vista como un mensaje a la industria energética global: Estados Unidos mantiene su intención de garantizar el suministro de hidrocarburos, pero sin ceder terreno a gobiernos bajo sanciones por cuestiones democráticas y de derechos humanos. Mientras, los venezolanos reciben la noticia con escepticismo: la autorización puede traer cierto dinamismo al sector energético, pero no soluciona la crisis social, ni implica el levantamiento de las sanciones que afectan al pueblo.
