El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que autoriza a los gobiernos estatales y municipales a remover a personas sin hogar de las calles y llevarlas a centros de tratamiento, incluso si se niegan. La medida, titulada “Poner fin a la vagancia y restaurar el orden”, busca reducir los índices de criminalidad y mejorar la seguridad en zonas urbanas. Trump ordena traslado forzoso de personas sin hogar a centros de tratamiento.
Trump afirma que muchos indigentes sufren enfermedades mentales o adicciones graves, y asegura que dejar que vivan en la calle “no es compasivo ni seguro ni para ellos ni para la ciudadanía”.
Sin garantías legales, pero con presión federal
La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a eliminar obstáculos judiciales que limitan la aplicación del “compromiso civil”, una figura legal que permite internar personas sin orden judicial si representan peligro. El Gobierno federal también condicionará la entrega de fondos a ciudades que refuercen las leyes contra acampar, merodear o consumir drogas en espacios públicos.
Además, se priorizará el apoyo a centros que excluyan a ofensores sexuales y a programas de vivienda que exijan tratamiento obligatorio para acceder a beneficios.
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Críticas: “No resuelve, solo castiga”
Organizaciones de derechos civiles, como la ACLU y la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda, criticaron duramente la medida. Alegan que institucionalizar sin consentimiento a personas vulnerables viola derechos fundamentales y agrava el problema en lugar de resolverlo.
“El tratamiento forzado no funciona. Las instituciones son peligrosas y mortales”, advirtió la abogada Scout Katovich.
Mientras Trump asegura que esta política restaurará el orden, los expertos temen una criminalización masiva de la pobreza y un retroceso en derechos civiles.
