La administración de Donald Trump implementó una nueva medida que obliga a las autoridades migratorias a mantener presos a todos los migrantes indocumentados que sean detenidos en Estados Unidos, sin permitirles acceder a una audiencia de fianza. Trump ordena cárcel sin fianza para migrantes indocumentados.
El memorando firmado por Todd Lyons, director de ICE, indica que la detención será obligatoria “durante toda la duración del proceso de remoción”. Esta decisión afecta tanto a quienes acaban de ingresar al país como a inmigrantes que llevan años viviendo en EE. UU. e incluso tienen hijos ciudadanos.
La política ya comenzó a aplicarse en tribunales migratorios de estados como Nueva York, Georgia, Carolina del Norte y Oregón. Desde el anuncio, miles de detenidos han sido privados de audiencias para solicitar libertad condicional.
Te puede interesar: EE.UU. sube precio de la visa por nueva “tarifa de integridad”
El Gobierno Trump amplía cárceles y prepara deportaciones exprés
La orden de detención indefinida coincide con la aprobación de un nuevo paquete presupuestal por más de 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de ICE. El objetivo: alcanzar al menos 100.000 camas disponibles para migrantes detenidos en los próximos cuatro años.
Entre las medidas ya en marcha, el Gobierno reabrió centros familiares cerrados por Biden y construyó megacentros como el polémico ‘Alligator Alcatraz’ en Florida. ICE mantiene hoy bajo arresto a más de 60.000 personas, a pesar de tener capacidad oficial para solo 56.000.
“Ya tenemos los recursos para mantenerlos encarcelados mientras se surte el proceso de su deportación”, confirmó una fuente del gobierno a El Tiempo. Según el Deportation Data Project, el 70 % de los migrantes detenidos en lo que va del mandato de Trump no tienen antecedentes penales.
Deportaciones a terceros países con seis horas de aviso
Además de la eliminación del derecho a fianza, el nuevo memorando autoriza a ICE a deportar migrantes a países terceros con tan solo seis horas de anticipación. Ya no será necesario confirmar si el país receptor ofrece garantías de seguridad para el deportado.
En palabras de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “esta medida garantiza que sacamos del país a lo peor de lo peor”. Sin embargo, expertos legales y organizaciones de derechos humanos advierten que se está violando el debido proceso y se pone en riesgo la vida de miles de personas.
Incluso personas con permisos de trabajo, hijos nacidos en EE. UU. o años de residencia podrían ser enviadas a países sin vínculos familiares, culturales ni garantías legales.
El cambio normativo también contempla el uso de vuelos sin previo aviso, donde ICE ejecutará deportaciones sin requerir más trámites legales si el Departamento de Estado considera “creíbles” las condiciones del país receptor.
