Estados Unidos anunció oficialmente que mantendrá el arancel del 10% a las importaciones colombianas a partir del próximo 7 de agosto de 2025, tras la firma de una nueva orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump. La decisión, que afecta a decenas de países, se aplica bajo la política comercial de “reciprocidad” impulsada por la administración Trump, con la que busca equilibrar la balanza comercial estadounidense en medio de crecientes tensiones globales. Según la Casa Blanca, los países con mayor superávit frente a EE.UU. recibieron impuestos más altos, pero Colombia fue incluida entre los menos afectados, quedando fuera del listado de naciones objeto de aranceles superiores. Según Analdex, el país resultó “bien librado”, a diferencia de competidores directos cuya tarifa arancelaria se eleva hasta un 36% o más.
La medida fue adoptada mediante la Orden Ejecutiva 14257, publicada el 31 de julio y con entrada en vigor a las 00:01 a.m. del 7 de agosto de 2025. El documento especifica que todos los productos colombianos estarán sujetos a ese nuevo tributo, sin distinción sectorial, a menos que hayan sido embarcados antes de la fecha mencionada. El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio y la Cancillería, manifestó que aunque la decisión puede impactar sectores como café, flores, banano y confecciones, las exportaciones nacionales estaban preparadas para el escenario y la tarifa es considerada “manejable” frente al castigo arancelario global.
En la práctica, al 10% de incremento de aranceles se suma una tasa igual que se venía pagando desde hace años, por lo que la entrada de productos colombianos al mercado estadounidense implicará el pago de impuestos del 20%.
El gremio exportador colombiano, encabezado por Analdex, afirmó que el país salió airoso frente a la tormenta arancelaria desatada por EE.UU., recibiendo condiciones notablemente más ventajosas que sus principales competidores asiáticos y latinoamericanos. Por ejemplo, Vietnam —otro gran exportador de café y textiles— enfrentará gravámenes del 36%. “Esto puede abrir oportunidades adicionales para algunos productos colombianos, que ganarán espacio por precio frente a sus rivales en el mercado estadounidense”, explicó un directivo de la entidad gremial.
Especialistas en comercio internacional señalan que, aunque la medida no deroga el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012, sienta un precedente delicado y deja en entredicho las promesas multilaterales de libre comercio. El Gobierno colombiano, por su parte, optó por mantener “serenidad” y “prudencia” pública. La canciller Laura Sarabia reiteró que la administración Petro está evaluando todas las opciones legales e hizo énfasis en que se trata de una decisión unilateral de EE.UU., relacionada con un estado de “emergencia económica” declarado por Trump.
Sin embargo, el telón de fondo de este anuncio es un escenario diplomático complejo. En los últimos meses se han agudizado las diferencias entre la Casa Blanca y el gobierno de Gustavo Petro, marcadas por reiterados llamados a consultas diplomáticas e intercambios de declaraciones entre congresistas republicanos y funcionarios colombianos. Voces como las del congresista Carlos Giménez han criticado duramente la agenda de Petro, mientras que la Casa de Nariño ha respondido defendiendo la legitimidad democrática y la soberanía nacional. A pesar de las fricciones, ambos gobiernos aseguran que la alianza estratégica se mantiene, aunque el ambiente bilateral es de máxima tensión e incertidumbre frente al futuro de los compromisos económicos y políticos.
La medida fue adoptada mediante la Orden Ejecutiva 14257, publicada el 31 de julio y con entrada en vigor a las 00:01 a.m. del 7 de agosto de 2025. El documento especifica que todos los productos colombianos estarán sujetos a ese nuevo tributo, sin distinción sectorial, a menos que hayan sido embarcados antes de la fecha mencionada. El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Comercio y la Cancillería, manifestó que aunque la decisión puede impactar sectores como café, flores, banano y confecciones, las exportaciones nacionales estaban preparadas para el escenario y la tarifa es considerada “manejable” frente al castigo arancelario global.
El gremio exportador colombiano, encabezado por Analdex, afirmó que el país salió airoso frente a la tormenta arancelaria desatada por EE.UU., recibiendo condiciones notablemente más ventajosas que sus principales competidores asiáticos y latinoamericanos. Por ejemplo, Vietnam —otro gran exportador de café y textiles— enfrentará gravámenes del 36%. “Esto puede abrir oportunidades adicionales para algunos productos colombianos, que ganarán espacio por precio frente a sus rivales en el mercado estadounidense”, explicó un directivo de la entidad gremial.
Especialistas en comercio internacional señalan que, aunque la medida no deroga el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012, sienta un precedente delicado y deja en entredicho las promesas multilaterales de libre comercio. El Gobierno colombiano, por su parte, optó por mantener “serenidad” y “prudencia” pública. La canciller Laura Sarabia reiteró que la administración Petro está evaluando todas las opciones legales e hizo énfasis en que se trata de una decisión unilateral de EE.UU., relacionada con un estado de “emergencia económica” declarado por Trump.
Sin embargo, el telón de fondo de este anuncio es un escenario diplomático complejo. En los últimos meses se han agudizado las diferencias entre la Casa Blanca y el gobierno de Gustavo Petro, marcadas por reiterados llamados a consultas diplomáticas e intercambios de declaraciones entre congresistas republicanos y funcionarios colombianos. Voces como las del congresista Carlos Giménez han criticado duramente la agenda de Petro, mientras que la Casa de Nariño ha respondido defendiendo la legitimidad democrática y la soberanía nacional. A pesar de las fricciones, ambos gobiernos aseguran que la alianza estratégica se mantiene, aunque el ambiente bilateral es de máxima tensión e incertidumbre frente al futuro de los compromisos económicos y políticos.
