En un arranque que ha captado la atención mundial, Donald Trump ha utilizado sus primeros días en la Casa Blanca para consolidar el poder del Ejecutivo mediante una serie de acciones sin precedentes. Su objetivo es acelerar la implementación de las promesas que definieron su campaña, entre ellas una transformación radical de las políticas económicas, migratorias y de seguridad nacional.
Entre las primeras medidas destacadas está la emisión de órdenes ejecutivas que eliminan regulaciones ambientales, fortalecen el control fronterizo y promueven incentivos para empresas estadounidenses. Según Trump, estas decisiones son esenciales para «devolver el poder al pueblo» y revitalizar la economía de EE.UU.
Críticos de estas acciones han señalado que la expansión del poder presidencial puede amenazar los controles y equilibrios establecidos por la Constitución, mientras que sus defensores argumentan que este enfoque es necesario para romper con la parálisis legislativa de años anteriores.
El Congreso y diversas organizaciones ya analizan las implicaciones legales y políticas de estas decisiones, mientras expertos advierten que el aumento del poder ejecutivo podría enfrentar desafíos judiciales en los próximos meses.
La estrategia de Trump, que prioriza la acción rápida sobre el consenso legislativo, promete marcar un cambio significativo en la forma en que se gobierna el país, dejando claro que su administración está decidida a implementar su visión sin demoras.
