La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una alerta sobre los efectos negativos de la deuda acumulada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), que supera el billón de pesos. Esta deuda pone en serio peligro la ejecución de 57 proyectos viales considerados esenciales para el desarrollo del país. Según el presidente de la CCI, Juan Martín Caidedo, el saldo pendiente está reflejado en más de 5.700 actas suscritas con contratistas que ejecutan importantes obras públicas.
En una rueda de prensa celebrada el 22 de enero, Caidedo expresó que la situación es cada vez más crítica, ya que las constructoras y las firmas consultoras han manifestado dificultades económicas derivadas de los pagos no realizados. Estas empresas, que desempeñan un papel fundamental en el avance de los proyectos, enfrentan la amenaza de paralizar sus trabajos si no se resuelve la crisis financiera.
Caidedo explicó que, aunque el Gobierno Nacional ha mostrado disposición para encontrar soluciones y honrar los compromisos, la deuda continúa sin ser saldada, lo que afecta directamente el desarrollo de las infraestructuras viales. Entre las obras afectadas se encuentran la Transversal del Catatumbo, la variante San Francisco – Mocoa, la Conexión Alta Guajira, la Transversal Momposina y la Transversal de Boyacá, todas consideradas estratégicas para la movilidad y el progreso del país.
La Cámara también subrayó que la paralización de estos proyectos tendría un impacto negativo significativo en el crecimiento económico de Colombia. No solo afectaría la creación de empleos, sino que también retrasaría el avance en el mejoramiento de las condiciones de transporte en diversas regiones del país. La falta de pago, además, podría generar un clima de desconfianza en el sector privado, lo que dificultaría la participación de contratistas en futuras licitaciones para el desarrollo de obras de infraestructura.
La deuda registrada hasta la fecha también refleja las dificultades estructurales dentro del sistema de contratación pública y la gestión de recursos en el sector, lo que resalta la necesidad urgente de una reforma que permita una mayor eficiencia y transparencia en los procesos de pago. Sin soluciones rápidas, la situación podría convertirse en un obstáculo aún mayor para el cumplimiento de los objetivos de infraestructura que el país necesita.
