En un fallo fechado el 20 de octubre de 2025, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe determinó no declarar en desacato al alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas dentro del proceso promovido por Hever Alberto Hurtado Pérez. La providencia, que ordena archivar las actuaciones, reconoce que la Administración Municipal ha cumplido con los requerimientos judiciales en tiempo y forma, descartando cualquier violación de la ley o desobediencia institucional.
Desde la Alcaldía se interpretó la decisión como una “ratificación del compromiso con la legalidad y la transparencia”. En palabras del mandatario, la resolución judicial valida una gestión “que actúa con respeto por las instituciones y en coherencia con los principios de la buena fe administrativa”.
Sin embargo, más allá del discurso institucional, el fallo también genera cuestionamientos. Sectores políticos locales sostienen que el proceso refleja la constante tensión entre la justicia y el poder político en los municipios, donde la delgada línea entre la legalidad y la conveniencia puede difuminarse fácilmente.
Críticas
Si bien el archivo del proceso evita una sanción, la controversia política no se disuelve. Analistas consideran que la decisión judicial, aunque jurídica en forma, tiene implicaciones políticas de fondo: fortalece la imagen de un alcalde que busca consolidar su poder local en medio de un ambiente de polarización y desconfianza ciudadana.
En Aipe, los opositores advierten que el discurso de “transparencia y legalidad” no puede quedarse en comunicados de prensa, sino reflejarse en una gestión realmente participativa y abierta al escrutinio público.
Un mensaje
La decisión del juzgado cierra un capítulo legal, Ramírez Vargas celebra la resolución como un espaldarazo judicial a su mandato, mientras la ciudadanía sigue esperando que los principios de transparencia se traduzcan en hechos concretos, más allá de los tribunales.
En un departamento donde las decisiones judiciales suelen leerse con lente político, el fallo en Aipe no solo limpia el nombre del alcalde, sino que pone a prueba la madurez democrática del municipio y su compromiso real con la institucionalidad.
