Una muerte anunciada en la misma Secretaría de Gobierno
El 02 de noviembre de 2021, el municipio de Busbanzá fue escenario de un atroz crimen que estremeció a todo Boyacá. Ese día, en plena Secretaría de Gobierno, fue asesinada Edilma Adame Calderón, quien se desempeñaba como bombero y había acudido a una citación de conciliación con su ex pareja, William Alexander Terán Adame.
Edilma había solicitado una caución de alejamiento, medida que debía garantizar su seguridad. Pero el sistema falló: su agresor ingresó a la alcaldía municipal con un arma blanca sin ningún control, y fue allí donde la agredió mortalmente, antes de atentar con el mismo arma contra su propia vida, falleciendo pocos instantes después, mientras era llevado a un centro asistencial.
Una relación rota, múltiples denuncias… y ningún blindaje institucional
De manera no oficial, un medio de comunicación conoció que Edilma había terminado la relación con su agresor meses antes y que incluso había comenzado una nueva historia sentimental. Este habría sido, presuntamente, el detonante de un crimen pasional.
La víctima tenía denuncias previas por abuso contra su ex pareja, lo que vuelve aún más grave la omisión de los protocolos de seguridad por parte del municipio. Sus tres hijos, que no son producto de la última relación, han estado al frente del proceso legal desde el inicio, exigiendo justicia por el feminicidio que truncó sus vidas.
La justicia responde: el municipio deberá pagar $1.000 millones
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá falló en contra del municipio de Busbanzá, señalando su responsabilidad institucional en el feminicidio. La decisión se fundamenta en la falla de seguridad al permitir el ingreso del agresor con un arma blanca a una dependencia oficial.
La condena es clara: $1.000 millones de pesos deberá pagar el municipio como consecuencia de esta omisión. Esta cifra representa el 40% del presupuesto total de Busbanzá.
“Tendremos que dejar de ejecutar otras actividades indispensables”: alcalde Rodolfo Torres
El actual alcalde de Busbanzá, Rodolfo Torres, confirmó que el fallo corresponde a un proceso que fue heredado por la administración anterior. En diálogo con medios de comunicación, expresó:
“La situación fiscal del municipio no atraviesa por el mejor momento, evaluaremos cómo responder pero seguramente tendremos que dejar de efectuar otras actividades que son indispensables para el funcionamiento del municipio”, señaló el mandatario.
Implicaciones legales: ¿Qué falló? ¿Quién responde?
El Código Penal Colombiano es claro frente a las responsabilidades del Estado en casos de omisión. Si bien el agresor fue el autor directo del crimen, el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños causados por la acción u omisión de sus agentes.
En este caso, la falta de control de ingreso a la alcaldía y la ausencia de un esquema de protección efectivo se convirtieron en el motivo central de la condena.
El fallo es un jalón de orejas monumental a las administraciones locales, que deben entender que los protocolos de protección a mujeres en riesgo no son una opción, sino una obligación legal y sobre todo, real.
Un crimen dentro de una alcaldía. Un arma blanca. Una caución ignorada. Y ahora, un fallo histórico que le cuesta a Busbanzá el 40% de su presupuesto.
