Tres años después de la masacre de Alto Remanso, en la que 11 personas perdieron la vida durante un operativo militar en la vereda de Leguízamo, Putumayo, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia, reparación integral y garantías de no repetición. El caso, calificado por varias organizaciones como un crimen de Estado, mantiene en la impunidad a quienes se considera responsables, mientras los procesos judiciales avanzan con lentitud.
El Operativo que Terminó en Tragedia
En la madrugada del 28 de marzo de 2022, el Ejército Nacional llevó a cabo un operativo militar en Alto Remanso, municipio de Leguízamo, Putumayo, durante un bazar comunitario organizado por la población. Inicialmente, las autoridades señalaron a las víctimas como disidentes de las FARC, pero investigaciones posteriores revelaron que al menos 7 de los fallecidos eran civiles.
Entre las víctimas del cuestionado operativo militar están el gobernador Indígena, Pablo Panduro Coquinche; el presidente de la Junta de Acción Comunal, Didier Hernández Rojas, y su esposa, Ana María Sarrias, quien tenía dos meses de embarazo; Brayan Santiago Pama, de 16 años; Rubén Peña; Óscar Oliva; Luis Alfonso Guerrero; John Jairo Silva; Enuar Ojeda; Antonio Peña; y Alexánder Peña.
Las denuncias de las familias y organizaciones de derechos humanos llevaron a que el caso fuera investigado como un posible falso positivo, reviviendo los fantasmas de ejecuciones extrajudiciales que han marcado la historia de Colombia.
El Largo Camino Hacia la Justicia
Actualmente, 25 militares están siendo juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos. Sin embargo, las familias denuncian dilaciones en el proceso y falta de voluntad del Estado para garantizar una investigación transparente.
Rodolfo Pama, padre del adolescente asesinado, relató:
«La defensa actúa a favor de la injusticia, a pesar de que se tiene pleno conocimiento de que aquí hubo crímenes de Estado. Siguen buscando formas de legalizar lo injusto».
Por su parte, Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, expresó su frustración:
«Han sido tres años de ausencia, de dolor. El proceso avanza, pero falta justicia. No solo los soldados que dispararon deben pagar, sino también quienes dieron la orden».
Falta de Reparación y Garantías de Seguridad
Las víctimas denuncian que, a pesar de las promesas, no han recibido reparación integral por parte del Estado. Además, enfrentan amenazas y persecución por buscar justicia.
«El Estado no se ha pronunciado. No hemos recibido ayuda, a pesar de que quedaron niños huérfanos y familias destruidas», aseguró Hernández.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos han acompañado a las familias, pero el camino sigue siendo arduo.
Un Llamado a la Memoria y la No Repetición
A tres años de la masacre, el mensaje de las víctimas es claro: ¡Nunca más! Exigen que se investigue hasta el último responsable, incluyendo altos mandos militares y funcionarios que avalaron la operación.
