Más de 1.400 condenados que permanecen hacinados en Centros de Detención Transitoria (CDT) serán trasladados a distintas cárceles del país tras la firma de un acuerdo de emergencia entre autoridades, en un intento desesperado por combatir el hacinamiento que supera el crítico 116% y vulnera masivamente los derechos humanos.
Esta medida de emergencia responde al Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) declarado por la Corte Constitucional desde 2022 sobre el sistema carcelario nacional, donde la situación de hacinamiento ha alcanzado niveles que la alta corte considera incompatibles con la dignidad humana básica.
El acuerdo surge después de que «año tras año, las autoridades encargadas se rajan en la superación del problema», evidenciando el fracaso sistemático del Estado colombiano para garantizar condiciones mínimas de dignidad a las personas privadas de la libertad en el país.
La reubicación masiva de 1.400 personas representa apenas un paliativo temporal ante una crisis carcelaria estructural que ha convertido las cárceles colombianas en centros de tortura donde se vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales de los reclusos.
Esta operación de traslado masivo expone la dimensión catastrófica del colapso del sistema penitenciario nacional, donde el hacinamiento del 116% supera ampliamente los estándares internacionales y convierte la privación de la libertad en una condena a condiciones infrahumanas que violan la Constitución y tratados internacionales.