La histórica sentencia de la JEP contra los excomandantes de las FARC por más de 21.000 secuestros ha generado sentimientos encontrados entre las víctimas. Aunque el fallo ordena trabajos restaurativos como la búsqueda de desaparecidos, desminado, actividades de memoria y reparación, muchos familiares consideran que no fueron escuchados y que la condena carece de mecanismos claros de cumplimiento.
Casos como el de Ángela Cordón, quien lleva 22 años buscando a su padre y a su tío desaparecidos, reflejan la frustración: sus propuestas de reparación, como la creación de una casa de la memoria, no fueron incluidas en la sentencia. Lo mismo ocurre con María Nubia Aldana, viuda de uno de los comerciantes desaparecidos en el Huila, quien asegura que la orden de buscar a los cuerpos no se traduce en resultados concretos.
Algunos sobrevivientes, en cambio, defienden la decisión. Héctor Mahecha, exsecuestrado y líder de Remipaz, organización que trabaja junto a exguerrilleros, considera que es mejor construir proyectos de reparación con los victimarios que mantenerlos en prisión, aunque critica que las víctimas nunca han sido el verdadero centro del Acuerdo de Paz.
No obstante, muchas voces se sienten decepcionadas. Helmuth Angulo, hijo de dos secuestrados, sostiene que la sentencia repite fórmulas del Acuerdo de La Habana sin ofrecer avances reales en ocho años. Aunque su madre fue hallada en 2022, su padre sigue desaparecido, y responsabiliza a excomandantes que volvieron a la guerra de llevarse verdades clave.
Otros, como Wilson Benavides, exmilitar y carpintero, aceptan la sanción restaurativa, pero reclaman que sus propuestas de reparación directa, como recibir herramientas para su oficio, también fueron ignoradas.
En total, de más de 21.000 víctimas de secuestro, solo 4.325 se acreditaron y apenas 80 participaron en la construcción de sanciones. El descontento es amplio: muchas víctimas evalúan apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras otras, resignadas, intentan respaldar los trabajos restauradores, convencidas de que mantener a los excomandantes fuera de prisión puede ayudar más que un castigo carcelario.
En conclusión, la sentencia representa un paso judicial sin precedentes, pero deja abiertas profundas heridas: la falta de verdad completa, el vacío en las reparaciones concretas y la percepción de que la voz de la mayoría de las víctimas fue ignorada.
