Con el cese de los combates en Gaza y un nuevo plan de paz impulsado por Estados Unidos, crecen las dudas sobre el futuro de las denuncias por crímenes internacionales contra Israel. ¿Podrán prosperar las acusaciones de genocidio ahora que se habla de reconstrucción y tecnocracia?
El reciente alto el fuego en Gaza, tras casi dos años de intensos enfrentamientos, ha abierto una nueva etapa en el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, mientras la comunidad internacional celebra la pausa en la violencia, surgen nuevas interrogantes: ¿cómo afectará esta tregua a las denuncias por crímenes de guerra y genocidio que avanzan en tribunales internacionales?
Estados Unidos, principal mediador del acuerdo, ya ha puesto sobre la mesa su visión para el futuro de Gaza: un gobierno tecnocrático que administre el enclave costero, con la condición de que la Autoridad Palestina —actualmente a cargo de Cisjordania— no participe hasta completar una profunda reforma institucional. Esa exigencia está directamente ligada al llamado «Plan Trump» de 2020, que condicionaba el reconocimiento de un Estado palestino al fin de lo que Washington llama “guerra legal” contra Israel en instancias internacionales.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respaldó esta postura durante su visita a Washington el mes pasado. “Una reforma real de la Autoridad Palestina implica también terminar con la ofensiva judicial contra Israel en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, afirmó.
Las denuncias en la Corte Internacional de Justicia y la CPI siguen su curso
A pesar del cese de hostilidades, los procesos legales abiertos en La Haya no se detienen. En la CIJ, Sudáfrica acusó formalmente a Israel en 2023 de violar la Convención para la Prevención del Genocidio de 1948. Una sentencia definitiva no se espera antes de 2027. En paralelo, Nicaragua ha demandado a Alemania, alegando complicidad por su apoyo militar y político a Israel.
Por su parte, la CPI —que juzga a individuos y no a Estados— emitió a finales de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aunque no están imputados por genocidio, los cargos han generado una fuerte reacción diplomática. La CPI también había emitido órdenes contra tres altos líderes de Hamas, pero estas fueron retiradas tras confirmarse su muerte.
Fuentes cercanas al tribunal señalan que podrían existir más órdenes de arresto pendientes contra otros funcionarios israelíes, aún no reveladas públicamente.
¿Fin del conflicto o freno a la justicia?
El nuevo escenario en Gaza podría dificultar la recopilación de pruebas y el seguimiento de casos en tribunales internacionales. A medida que disminuyen los bombardeos y se instala un gobierno tecnócrata, el acceso a testigos, documentos y sitios clave podría volverse más limitado. Algunos expertos advierten que esta nueva etapa podría favorecer los intereses de quienes buscan frenar el avance de los procesos judiciales.
Aunque el alto el fuego es un paso hacia la paz, también plantea un dilema: ¿puede una solución política enterrar la búsqueda de justicia? ¿O prevalecerán los principios del derecho internacional por encima de los acuerdos diplomáticos?
