La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza informó que, a dos años del inicio del genocidio israelí —ocurrido el 7 de octubre de 2023—, el número de personas asesinadas y desaparecidas supera las 76.600, la mayoría de ellas mujeres y niños. De esa cifra, más de 67.000 palestinos han muerto directamente por los bombardeos y operaciones militares de Israel, mientras que alrededor de 9.500 continúan desaparecidos bajo los escombros o sin localizar.
El organismo añadió que la devastación en la Franja de Gaza alcanza niveles sin precedentes: cerca del 90 % de la infraestructura civil ha sido destruida por los ataques aéreos, artilleros y terrestres israelíes. Este grado de destrucción ha generado una crisis humanitaria y sanitaria extrema, en medio de un bloqueo casi total impuesto por Israel desde el comienzo del conflicto.
El Ministerio de Salud palestino reportó que más de 2.600 palestinos fueron asesinados y 19.000 resultaron heridos mientras intentaban acceder o distribuir ayuda humanitaria. Los hospitales y clínicas del enclave operan actualmente al límite de su capacidad, con escasez crítica de medicamentos, combustible y suministros médicos básicos, lo que ha llevado a un colapso sanitario generalizado.
La mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad, y más del 80 % de la población gazatí ha sido desplazada forzosamente de sus hogares, en muchos casos más de una vez. Las condiciones de vida son descritas como inhumanas, con escasez de alimentos, agua potable y refugio.
Desde octubre de 2023, Israel ha mantenido un bloqueo total sobre la Franja de Gaza, cortando el acceso a electricidad, agua, combustible y bienes esenciales, mientras sus bombardeos han destruido zonas residenciales, escuelas, hospitales y campamentos de refugiados.
Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han denunciado que las restricciones impuestas por Israel al ingreso de ayuda humanitaria violan gravemente el derecho internacional humanitario. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en enero de 2024, emitió medidas provisionales ordenando a Israel prevenir actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda, pero estas disposiciones no han sido acatadas.
Pese a la gravedad de la crisis, Israel continúa sus operaciones militares, respaldado por Estados Unidos, que ha bloqueado resoluciones de la ONU que exigen un alto al fuego inmediato. Mientras tanto, gobiernos, parlamentos y organizaciones civiles de todo el mundo intensifican los llamados para detener el asedio y permitir el acceso de asistencia humanitaria.
La comunidad internacional enfrenta cada vez más críticas por su inacción ante las masacres, la destrucción masiva y el sufrimiento civil en Gaza, que hoy atraviesa una de las peores catástrofes humanitarias del siglo XXI.
