Tras cinco días de protesta en Bogotá, comunidades indígenas logran acuerdos con el Gobierno y regresan a sus territorios en el Cauca y Nariño

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Las comunidades ancestrales que estuvieron en la Plaza de Bolívar durante cinco días, protagonizando protestas y bloqueos en Bogotá, regresaron a sus territorios después de alcanzar nuevos acuerdos con el Gobierno Nacional. Los cerca de 1.800 miembros de pueblos originarios provenientes del Cauca y Nariño lograron avances tras una mesa de diálogo con la administración de Gustavo Petro.

La protesta, que buscaba visibilizar el incumplimiento de acuerdos previos, culminó con el regreso de los manifestantes en la noche del 4 de abril, cuando partieron de la Plaza de Bolívar en las chivas estacionadas en la carrera 8ª, que habían provocado el bloqueo de esa vía. «La salida de las comunidades indígenas de la Plaza de Bolívar culminó con éxito. Agradecemos a todos los equipos de @GobiernoBTA y del Distrito por su compromiso con el diálogo y los derechos humanos», expresó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, en sus redes sociales.

A pesar de que la manifestación estaba dirigida contra el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá colaboró en la atención de los indígenas durante su permanencia en la ciudad. Equipos de Diálogo Social, Derechos Humanos, Asuntos Étnicos e IVC estuvieron presentes para acompañar a las comunidades durante la protesta.

Edwin Chávez, consejero mayor de los indígenas de Nariño, destacó que la instalación de la mesa de diálogo permitió avanzar en compromisos para el regreso de las comunidades a sus territorios. «Hemos logrado acordar el desplazamiento y las garantías de movilidad para regresar a nuestros territorios», afirmó en Blu Radio.

A pesar de los acuerdos alcanzados, la Alcaldía de Bogotá había expresado su preocupación por la situación de los indígenas en la Plaza de Bolívar, señalando que no era un espacio adecuado para su pernocta debido a los riesgos que representaban, como las estufas con pipetas de gas. Además, hubo tensiones con el Ministerio del Interior debido a incumplimientos en la logística para atender a las comunidades, lo que generó confrontaciones entre los gobiernos locales y nacionales.

El conflicto llegó a su punto más crítico el 3 de abril, cuando se produjo un bloqueo en la carrera 10ª y varios automóviles fueron dañados, lo que llevó a la intervención de la Policía Metropolitana. Ante esta situación, el Gobierno Nacional suspendió las reuniones hasta que se detuvieran las acciones de protesta.

Finalmente, con la firma de nuevos acuerdos, las comunidades indígenas comenzaron su retorno a sus hogares en el Cauca y Nariño, mientras continúan trabajando con el Gobierno para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos.


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