El Tribunal Administrativo de Boyacá, ordena que se permita el paso de autos, motos, entre otros, esto debido a las demandas realizadas por los comerciantes y específicamente una demanda por parte de la Fundación Jurídica Popular de Colombia. La falta de socialización, los perjuicios económicos y de movilidad son algunos de los argumentos que tuvo en cuenta el tribunal.
Con esta decisión le está exigiendo a la administración municipal que en primer lugar hubo una vulneración de derechos colectivos, especialmente a las personas con algún tipo de discapacidad y segundo que tiene que limitarse al contenido de las dos resoluciones que hablan del plan especial de manejo y protección del casco histórico: la 428 del 2009 y la 1712 del 2017 que dicen que se debe tener un espacio preferentemente peatonal, pero sin restringir el tránsito vehicular.
