Norma Cifuentes estaría implicada en engaños sobre vacantes en Educación.
Una grave denuncia fue radicada ante la Procuraduría Provincial de Ibagué y la Personería Municipal, en contra de altos funcionarios de la Secretaría de Educación del gobierno de Johana Aranda. Según el documento, se habrían cometido irregularidades al responder derechos de petición sobre vacantes docentes en provisionalidad. La queja señala que se estarían simulando respuestas a solicitudes ciudadanas y ocultando información clave.
El ciudadano denunciante, que pidió reserva de su identidad, relató que el pasado 5 de julio elevó una petición en la que exigía información detallada sobre el proceso de nombramiento en provisionalidad, acceso a listados oficiales y mecanismos de control institucional. Lo sorprendente fue que la Secretaría de Educación respondió con un documento dirigido a otra persona, sin relación alguna con el peticionario. Luego, el sistema marcó el caso como resuelto.
Petición
El 10 de julio se reiteró la petición y se advirtió que el sistema institucional mostraba los casos como atendidos, aunque no se hubiera entregado ninguna respuesta real. Según el denunciante, incluso las encuestas de satisfacción aparecían como diligenciadas de forma automática, sin intervención del solicitante.
Pese a estas advertencias, la Secretaría volvió a fallar. La nueva respuesta trató al ciudadano como “señora”, mencionó anexos que nunca se entregaron y omitió datos clave, como el listado de nombramientos reportado a la CNSC en los últimos dos años.
Señalados
Por estos hechos, se pidió que se investigue disciplinariamente a Norma Margarita Cifuentes Zarta, secretaria encargada, y a Luis Eduardo Herrera Cárdenas, abogado asesor. Se les señala de firmar y proyectar respuestas falsas, simular cumplimiento institucional, cerrar trámites sin resolución y no entregar los documentos requeridos.
El caso adquiere mayor gravedad por los antecedentes recientes. En semanas pasadas, se reveló presuntas redes de corrupción dentro de la Secretaría, incluyendo bloqueos irregulares en el Sistema Maestro, exigencias económicas para acceder a cargos docentes y tráfico de influencias.
La nueva denuncia refuerza la sospecha de que existe una estructura institucional orientada a obstaculizar el acceso a la información pública y a bloquear el derecho fundamental de petición. Se espera que los entes de control tomen medidas urgentes.