El municipio de Morales, Cauca, fue escenario de un atentado ocurrido el lunes 24 de febrero, cuando una moto cargada con explosivos estalló en el parque central de la localidad, a tan solo 100 metros de la estación de Policía. La explosión dejó un saldo de 22 personas heridas, entre ellas, dos policías y al menos cinco menores de edad. El ataque ocurrió en el momento en que estudiantes de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada salían de clases, lo que incrementó la gravedad de los daños. Un niño tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Popayán debido a la seriedad de sus heridas.
En respuesta a la tragedia, la gobernación del Cauca, tras un consejo de seguridad, implementó una serie de medidas para garantizar la seguridad en la región. Se decretó el toque de queda entre las 5:00 p.m. y las 6:00 a.m. hasta el 26 de febrero, y se suspendieron las clases presenciales en todos los centros educativos de Morales. Las autoridades pidieron la instauración de clases virtuales hasta que las condiciones de seguridad lo permitan. Además, se impuso la ley seca y se prohibieron eventos masivos, el funcionamiento de bares y discotecas. También se restringió el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos.
El alcalde de Morales, Óscar Guachetá, expresó su indignación por el ataque, destacando el testimonio de un niño afectado por la explosión, quien le dijo: «Señor alcalde, me quemaron las piernas». Guachetá condenó el impacto que el conflicto armado tiene sobre los niños y jóvenes de la región, quienes están pagando las consecuencias de la violencia.
Sobre los responsables del atentado, el coronel Giovanni Torres, comandante de la Policía del Cauca, indicó que las investigaciones apuntan a los cabecillas de las disidencias de las Farc, alias Botas, AKT y El Paisa, quienes hacen parte del frente Jaime Martínez. Para ayudar a esclarecer el hecho, se ofreció una recompensa de $30 millones por información que conduzca a los responsables.
La situación ha generado gran preocupación en la región, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz instó al gobierno nacional a adoptar medidas efectivas para proteger a la población civil y garantizar los derechos humanos en Morales y otros municipios del Cauca.
Por su parte, el alcalde Guachetá hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda de manera urgente la situación de la región, resaltando la falta de oportunidades en el municipio y la necesidad de empleo, educación y salud para evitar que la violencia siga afectando a los habitantes de Morales. Además, en el área cercana a la explosión, varias viviendas sufrieron daños en fachadas, techos y ventanales, lo que ha incrementado el temor de los residentes.
Las autoridades locales continúan trabajando en el censo de afectaciones y en la implementación de medidas de seguridad para garantizar el bienestar de la población.
