TOPÓGRAFO ATRAPADO POR CORRUPCIÓN

[responsivevoice_button voice="Spanish Latin American Male" buttontext="Escuchar Noticia"]
Compartir en

Marlon Solano fue condenado por alterar trámites catastrales en el Tolima

El Tolima vuelve a ser epicentro de un escándalo judicial que sacude las instituciones. Marlon Mauricio Solano Colmenares, topógrafo del municipio de Líbano, fue condenado por haber ofrecido dinero a funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para modificar trámites catastrales de manera ilegal. El caso, que se remonta a los años 2020 y 2021, quedó cerrado con una sentencia firme emitida por un juez de Ibagué.

La decisión judicial impuso a Solano una pena de 38 meses de prisión, además de una inhabilidad de 52 meses para ejercer cargos públicos. El fallo se logró mediante un preacuerdo con la Fiscalía, que lo acusó por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. La captura del topógrafo se produjo el 1 de diciembre de 2021 en el Líbano, durante un operativo simultáneo que también dejó otros implicados detenidos en las instalaciones del IGAC.

Solano hacía parte del grupo delictivo conocido como “Los del Instituto”, desmantelado ese mismo día. Según las investigaciones, Solano era el encargado de los levantamientos topográficos en la zona norte del departamento y habría utilizado su cargo para facilitar el desenglobe de predios y alterar procesos catastrales a cambio de dinero.

El proceso judicial se extendió por casi cuatro años, tiempo en el que se vincularon 25 personas por presuntas irregularidades como direccionamiento de solicitudes, retención de trámites y manipulación de licencias ambientales. Hasta el momento, nueve de los implicados han sido condenados mediante preacuerdo.

Además, se conoció que Marlon Solano es hijo de Francisco Solano, contratista activo del IGAC, lo que ha generado suspicacias sobre posibles vínculos internos que facilitaron las maniobras ilegales. La condena marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción institucional en el Tolima, donde las autoridades buscan frenar el uso indebido de cargos públicos para favorecer intereses particulares.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el rol de los demás implicados y determinar si existen más funcionarios involucrados en esta red que operaba desde el interior del Instituto.


Compartir en