Para Colombia, las áreas de libre comercio (TLC) han jugado un papel crucial en la integración económica, facilitando el acceso a productos y servicios de diferentes regiones del mundo.
Pero, mientras que estos acuerdos han traído beneficios a los consumidores, también han generado desafíos significativos para ciertos sectores de la economía local, que enfrentan una ardua competencia y problemas estructurales derivados de la apertura comercial.
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Hay que tener en cuenta que un área de libre comercio es una región donde varios países acuerdan eliminar o reducir las barreras comerciales, como aranceles y cuotas.
Lo anterior ha permitido a los consumidores colombianos acceder a una mayor variedad de productos de calidad a precios más competitivos, promoviendo el intercambio de bienes y servicios de manera más eficiente. Se ha visto una reducción en los precios de ciertos productos de consumo masivo, mientras que la oferta de bienes importados se ha ampliado significativamente. Por ejemplo, el acceso a tecnología, ropa y alimentos importados ha mejorado, ofreciendo a los consumidores más opciones y una mejor relación calidad-precio.
Desafíos de los TLC
A pesar de estos beneficios, los sectores locales han tenido que enfrentar varios obstáculos, algunos de los cuales han afectado gravemente su sostenibilidad y competitividad.
Entre los desafíos está que a apertura comercial ha permitido la entrada de productos importados a precios más bajos, lo que ha generado una competencia desleal para las empresas nacionales. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, más del 30% de las empresas manufactureras han reportado pérdidas importantes debido a la competencia con productos importados. Esto ha llevado al cierre de muchas empresas o a la reducción significativa de su personal.
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Demás, el crecimiento del contrabando es una consecuencia indirecta de las áreas de libre comercio. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó que el contrabando representó más de $8.800 millones de dólares en 2022, afectando gravemente a las empresas legales y exponiendo a los consumidores a productos de baja calidad y sin garantías.
Y aunque las áreas de libre comercio tienden a beneficiar a grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan mayores dificultades para competir en este entorno. Según el Banco de la República, las PYMES enfrentan barreras significativas, como el acceso limitado a financiamiento y recursos que les permitirían adaptarse a la competencia internacional.
Para sectores como la confección y la agricultura han sido gravemente afectados por la competencia de productos importados más baratos. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) informó que miles de empleos se han perdido en estos sectores, creando un impacto social considerable en las regiones dependientes de estas industrias, entre otros.
Pérez concluye que, “la posibilidad de llegar a acuerdos con los países vecinos ha permitido crear alianzas que potencian la competitividad económica de diferentes áreas, pudiéndose enfrentar a otros territorios, creciendo de forma conjunta”. En este contexto, es fundamental seguir fomentando una integración económica inclusiva que beneficie a todos los actores de la economía, desde los grandes empresarios hasta las PYMES, garantizando así un crecimiento equilibrado y sostenible.
