Una compleja situación social y de orden público se registró en el municipio de La Argentina, Huila, tras la ocupación de un lote de propiedad municipal que, según denuncias comunitarias, habría sido prometido por el actual alcalde, Fabián Rincón, para la ejecución de un proyecto de vivienda. El hecho, que hoy genera polémica, hunde sus raíces en compromisos adquiridos durante la campaña electoral y que, de acuerdo con líderes locales, nunca se materializaron.
Habitantes del sector, tanto del área rural como del perímetro urbano, señalaron que durante el proceso electoral el entonces candidato habría asegurado que dicho terreno sería destinado a un proyecto habitacional para familias vulnerables. Esta promesa, según los denunciantes, motivó el respaldo político de varios líderes comunitarios, quienes afirman haber aportado un número significativo de votos a la campaña.
Promesa sin cumplir
Uno de los líderes sociales de la zona manifestó que, tras el paso del tiempo y la falta de avances concretos, la comunidad decidió ocupar el lote como una forma de presión ante lo que consideran un incumplimiento directo del mandatario local. “Se le creyó, se le ayudó, pero el proyecto nunca llegó”, expresó el vocero, quien sostuvo que el terreno permaneció abandonado sin ninguna destinación clara.
La ocupación del predio desencadenó un procedimiento de desalojo que, según versiones recogidas, se ejecutó con presencia de la fuerza pública, incluyendo unidades antidisturbios. Durante el operativo, se presentaron momentos de alta tensión, dejando como saldo la quema de enseres y viviendas improvisadas de quienes permanecían en el lugar.
Ausente
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la ausencia del alcalde Fabián Rincón durante el procedimiento. De acuerdo con los líderes comunitarios, el mandatario no asistió al desalojo ni atendió los llamados previos para mediar en la situación. “Desde el jueves se le ha marcado para que dé la cara y no ha respondido”, señaló uno de los afectados, quien cuestionó la falta de diálogo y acompañamiento institucional.
La comunidad asegura que el alcalde dejó constancia pública de su postura, pero evitó presentarse en el lugar de los hechos, delegando el manejo del conflicto a la fuerza pública. Esta decisión ha sido interpretada por los habitantes como una evasión de responsabilidad política y social frente a una problemática que, afirman, se pudo prevenir.
Investigación
Ante lo ocurrido, líderes sociales y ciudadanos de La Argentina solicitaron la intervención de organismos de control para que se investigue el origen de la promesa, la legalidad del procedimiento de desalojo y el uso de la fuerza contra familias vulnerables. Advierten que el conflicto no solo deja pérdidas materiales, sino una profunda fractura en la confianza entre la administración municipal y la comunidad.
Por ahora, el caso continúa generando reacciones y se mantiene en seguimiento, mientras los afectados exigen respuestas claras, soluciones de fondo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población.
