Funcionarios públicos de Risaralda viven bajo amenaza de muerte tras recibir ultimátums escalofriantes de grupos ilegales como el Clan del Golfo y el ELN, quienes utilizan métodos de intimidación que incluyen llamadas directas con amenazas como «Les damos hasta hoy para que estén por aquí; si no, los matamos».
El terror se intensificó el pasado 20 de mayo cuando una funcionaria recibió una videollamada donde un hombre con rostro cubierto y portando un brazalete del ELN le confirmó que estaba siendo vigilada, configurando un ambiente de paranoia total que tiene a los servidores públicos temiendo por sus vidas.
Las autoridades del Eje Cafetero han solicitado desesperadamente «acompañamiento y medidas urgentes desde alto gobierno» ante la escalada de violencia que incluye reclutamiento forzado de menores, confinamiento de comunidades indígenas y un aumento dramático de homicidios en la región.
Dos combates entre grupos armados y la Fuerza Pública registrados en lo que va del año evidencian la intensificación del conflicto en una zona que se había considerado relativamente pacífica, pero que ahora enfrenta la disputa territorial entre organizaciones criminales.
La presencia simultánea del Clan del Golfo y el ELN ha convertido a Risaralda en un polvorín donde funcionarios públicos se convierten en objetivos militares de grupos que buscan cooptar o eliminar cualquier representación estatal que interfiera con sus operaciones ilegales en territorio cafetero.
