El 14 de diciembre es la fecha en la que Perú podrá saber si Pedro Castillo sigue como presidente o no. La tensión es latente en el Perú y esto se conoce a pocos días de que asuma la presidencia protempore de la Alianza del Pacífico de manos de su colega mexicano, Manuel López Obrador.
A este evento también asistirán los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro
Lo cierto es que la tensión está latente en Perú y frente al destino del presidente y luego que el Congreso presentara un tercer pedido de destitución que se tramita en contra del mandatario.
Fue el congresista peruano, Edward Málaga impulsor de un nuevo pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo, aseguró que su propuesta cuenta con los votos necesarios para sacar al jefe de Estado.
«Tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos (necesarios). Pero esto es al día de hoy. Puede ser que en tres, cuatro días alguien los compre a los congresistas o les ofrezca un ministerio»
Esas fueron las palabras del congresista en rueda de prensa y es que Málaga presentó un tercer pedido de destitución contra el presidente con el apoyo de 66 otros representantes.
Son 100 páginas que respaldan esta petición y hace referencia a la incapacidad por el nombramiento de algunos funcionarios en su gobierno.
El pedido se hace apelando a una presunta incapacidad moral permanente de Castillo para ejercer la presidencia, causal contemplada en la Constitución.
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El presidente tiene varias investigaciones fiscales por presunta corrupción recaen sobre el presidente Castillo y personas de su entorno cercano.
El pedido presentado tendrá que pasar una primera votación en el pleno en el que deberá contar con el apoyo de 52 votos para que sea admitido a trámite.
Posteriormente, en otra votación, se requerirán 87 votos (dos tercios en un congreso unicameral de 130 representantes) para que el jefe de Estado sea sacado del cargo y lo suceda la vicepresidenta Dina Boluarte.
El pedido presentado el martes ante el presidente del Congreso, José Williams, es el tercero impulsado desde el Legislativo contra Castillo, luego de uno presentado en 2021 y otro en enero de 2022, todos apelando a la causal de incapacidad moral permanente del mandatario.
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