Un nuevo ataque armado contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la tarde del viernes 4 de octubre en Armenia, Quindío. El hecho se suma a una serie de atentados que, en menos de 48 horas, han dejado dos guardianes muertos y cuatro heridos en distintas regiones del país.
De acuerdo con las primeras versiones, el dragoneante —cuyo nombre no ha sido revelado por razones de seguridad— fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, justo después de salir de su turno en el centro penitenciario de la ciudad. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta particular del funcionario, quien resultó ileso pese a que el vehículo recibió varios impactos de bala.
El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía del Quindío, confirmó que las autoridades adelantan un operativo conjunto con la Fiscalía para revisar las cámaras de seguridad del sector y dar con los responsables. “El funcionario está fuera de peligro, pero el ataque demuestra la gravedad del momento que atraviesa la institución penitenciaria”, señaló el oficial.
Con este atentado, ya son tres las acciones violentas dirigidas contra miembros del Inpec en menos de dos días. Los hechos anteriores se presentaron en Bogotá y en Palmira (Valle del Cauca), donde las agresiones dejaron un saldo trágico de dos muertos y cuatro heridos.
Ante la ola de ataques, el Gobierno nacional adoptó medidas excepcionales de seguridad. Entre ellas, la suspensión de visitas a los internos durante los días 4 y 5 de octubre en los establecimientos de reclusión del orden nacional ubicados en Bogotá y el Valle del Cauca.
La dirección del Inpec notificó a las regionales sobre la aplicación inmediata de la restricción, e instruyó a los directores de los centros penitenciarios a coordinar con los grupos de reacción y las autoridades policiales locales para reforzar la seguridad.

Durante una rueda de prensa, el director de la entidad, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, explicó que la medida busca proteger tanto a los funcionarios como a los visitantes, tras confirmar que las amenazas y atentados podrían estar siendo planeados desde el interior de las cárceles.
“Estas acciones no buscan reprimir, sino prevenir una tragedia mayor. Los ataques recientes demuestran que incluso las familias que acuden a las visitas podrían verse afectadas por la violencia dirigida a nuestros funcionarios”, indicó Gutiérrez Rojas.
El Inpec insistió en que la suspensión temporal de visitas es una acción preventiva para evitar nuevos hechos de violencia dentro del sistema penitenciario, mientras se refuerzan los dispositivos de seguridad y se investigan los recientes ataques contra los guardianes.




