El presidente Gustavo Petro anunció el decreto ATEA, un acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca y su organización, el CRIC. Según el mandatario, este decreto representa un avance significativo en la concertación social, con el objetivo de lograr un gran pacto interétnico que promueva un verdadero poder popular en el departamento y contribuya a la paz en la región.
Las preocupaciones
Sin embargo, el representante a la Cámara, Oscar Campo, expresó su preocupación respecto al decreto ATEA, señalando que, aunque el decreto establece competencias de autoridad ambiental para las autoridades indígenas, la medida no debe ser considerada como un pacto interétnico, como mencionó el presidente Petro. Según Campo, la implementación del decreto podría generar tensiones sociales en lugar de fomentar la armonía entre las distintas comunidades del Cauca.
Manifestó
Campo mencionó que, “El control ambiental de los territorios indígenas incluye a las fuentes de captación de agua no solo para los acueductos de esas comunidades, sino también para los de la población en general. Si la autorización de concesiones de agua no hacen parte de un acuerdo con las demás comunidades, este decreto pudiera terminar agudizando los conflictos sociales en el Cauca. Estamos hablando de comunidades mestizas, campesinas y afros, con las que NO han hecho el acuerdo que dice el presidente. El gobierno debe percatarse de no estar creando una nueva olla a presión para la convivencia en el departamento”.
La discrepancia entre las declaraciones y las observaciones del representante Campo subraya la complejidad del proceso de integración y el desafío de equilibrar los intereses diversos en la región. La situación resalta la necesidad de un diálogo continuo y constructivo para asegurar que las políticas se implementen de manera que promuevan la cohesión social y el desarrollo equitativo en el departamento caucano.
