El panorama político colombiano de este 25 de septiembre se encuentra marcado por tensiones crecientes dentro de la coalición de gobierno, reclamos regionales por mayor inversión y nuevas decisiones en materia de políticas públicas. La jornada refleja un ambiente de confrontación que involucra tanto a las instituciones legislativas como a los movimientos políticos afines al presidente Gustavo Petro.
Uno de los hechos más relevantes es la instalación en el Senado de una subcomisión para revisar la aplicación de normas internacionales en el sector minero. La iniciativa busca trazar una línea clara entre la minería ilegal y la informal, fortalecer la protección de los territorios y avanzar hacia una regulación más equitativa que respalde a las comunidades afectadas.
Al mismo tiempo, el programa Colombia Mayor anunció el inicio del noveno ciclo de pagos, con más de 1,6 millones de beneficiarios en todo el país. Esta medida busca dar un alivio económico a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, aunque se ha cuestionado si los montos entregados son suficientes para atender las necesidades básicas.
Disputas internas
Dentro del Pacto Histórico, las diferencias entre Gustavo Bolívar y Daniel Quintero se han intensificado, al punto de que sectores de la coalición barajan la posibilidad de excluir a Quintero de la consulta interna programada para octubre. Esta división amenaza la unidad de un bloque que fue clave en la elección de Petro, pero que ahora enfrenta fracturas ideológicas y estratégicas.
A esto se suma la tensión con sectores de la oposición, que han aprovechado las disputas internas para cuestionar la capacidad del gobierno de mantener cohesión y avanzar en proyectos como la reforma tributaria o las medidas de seguridad en zonas conflictivas.
Reclamos regionales
En paralelo, la senadora Karina Espinosa exigió al gobierno priorizar mayores recursos para el departamento de Sucre dentro del Presupuesto General de la Nación 2026. Su intervención refleja el malestar de varias regiones que se sienten relegadas en la distribución de la inversión pública, especialmente frente a necesidades en infraestructura, salud y educación.
El gobierno, por su parte, anunció que orientará parte de sus inversiones hacia el fortalecimiento de la industria nacional en el sector defensa, con la intención de generar empleo y autonomía tecnológica. Estas medidas, sin embargo, no logran aplacar los reclamos regionales ni la tensión dentro del Congreso.
En conclusión, el día deja en evidencia un escenario político fragmentado, con retos urgentes para el Ejecutivo en materia de cohesión y gobernabilidad.
