El gabinete de seguridad de Israel aprobó un plan para tomar control total de la ciudad de Gaza, la ciudad más poblada del enclave devastado. Se trata de una ofensiva militar que busca desarmar a Hamas, rescatar rehenes y reemplazar la administración actual con una alternativa civil no vinculada ni a Hamas ni a la Autoridad Nacional Palestina. Esta decisión ha desatado condenas globales. La ONU, Alemania, Reino Unido, y otros aliados consideran que esta medida empeora la crisis humanitaria y podría constituir una violación del derecho internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión como una “escalada peligrosa” que podría causar desplazamientos masivos, muertes y mayor destrucción.
Se convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar la situación dolorosa, originalmente prevista para el sábado, pero ha sido reprogramada para el domingo 10 de agosto a las 10 a. m. La reprogramación buscó respetar el inicio del sábado y asegurar la participación plena de Israel.
Se espera que muchos países presenten una carta a Panamá (presidente actual del Consejo) solicitando intervenciones urgentes, destacando el peligro humanitario y legal de las acciones planificadas por Israel.
La población civil sufre condiciones extremas como muertes por inanición, disparos a quienes buscan ayuda humanitaria y un colapso generalizado de infraestructura básica. El enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, se reunió en España con el primer ministro de Qatar para avanzar en un posible alto el fuego y liberar rehenes.