La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra el exfiscal y actual ministro Eduardo Montealegre por una posible participación en actividades políticas, lo que podría contravenir las normas que regulan la función pública. Aunque aún no se ha determinado si existe una falta disciplinaria, la medida responde a declaraciones recientes del ministro que han sido interpretadas como intervenciones en asuntos electorales o partidistas.
La investigación refleja un escenario cada vez más común en Colombia, donde las fronteras entre el ejercicio del poder y la neutralidad institucional generan controversia. Montealegre, conocido por su estilo frontal y su trayectoria jurídica, ha estado en el centro de varios debates públicos, lo que ha intensificado el escrutinio sobre su actuar. Desde su llegada al gabinete, sus intervenciones han sido leídas tanto como actos de transparencia como señales de militancia, dependiendo del lente político con que se analicen.
Este caso reabre la discusión sobre el papel de los altos funcionarios del Estado en el debate público y la necesidad de establecer límites claros entre opinión personal y representación institucional. Mientras se avanza en el proceso disciplinario, el episodio vuelve a poner en tensión el equilibrio entre libertad de expresión y deber de imparcialidad, una línea que sigue siendo motivo de debate en democracias como la colombiana.
