Un nuevo enfrentamiento político se desató entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de las declaraciones del funcionario sobre los 16 exparamilitares designados como gestores de paz, quienes —según dijo— revelarán “la verdadera clase política que estuvo con ellos” y que “aún sigue vigente en la escena política”.
Benedetti aseguró que los excombatientes se comprometieron a decir “una verdad que asombrará al país”, insinuando que algunos dirigentes políticos actuales habrían tenido vínculos con estructuras paramilitares durante el conflicto armado.
“Nos hemos reunido con los 16 gestores de paz y ellos se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro va a asombrar a Colombia”, declaró el ministro.
La Defensora del Pueblo rechaza el enfoque político
La defensora Iris Marín criticó duramente las afirmaciones del ministro y expresó su “objeción profunda” frente al enfoque del Gobierno, advirtiendo que mezclar justicia transicional con coyuntura electoral pone en riesgo la legitimidad del proceso de paz.
“El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo”, afirmó Marín.
La funcionaria subrayó que las víctimas no pueden ser utilizadas como instrumento político, y que su dolor “no debe convertirse en un decorado electoral”. También recordó que la verdad y la memoria deben servir a la reparación, justicia y no repetición, no a intereses partidistas.
“No se puede pedir que el derecho a la verdad se convierta en un mecanismo de campaña. Esa mezcla debilita la legitimidad del proceso”, advirtió.
Benedetti responde y cuestiona a la Defensoría
En respuesta, Benedetti lanzó críticas directas contra la defensora:
“¿O sea que ella no quiere la verdad? Si no quiere la verdad, no puedo hacer nada. Porque si uno no quiere la verdad de los paras, puede ser hasta cómplice”, dijo el ministro.
El jefe de la cartera del Interior también cuestionó el mapa de riesgo electoral elaborado por la Defensoría, que identifica 600 municipios con amenazas a la seguridad electoral, cifra que, según el Gobierno, es exagerada.
“La Defensoría hace informes con errores porque se basan en denuncias y no en hechos. A veces uno no sabe si es por maldad o por desconocimiento”, aseguró Benedetti.
El ministro señaló que los principales focos de riesgo se concentran en Catatumbo, Norte de Santander, Cauca, sur del Valle, Nariño y parte del Chocó, unas 104 localidades, muy por debajo del número que maneja la Defensoría.
Un debate que pone en tensión la verdad y la política
El intercambio entre Benedetti y Marín refleja una creciente tensión entre el Gobierno y los órganos de control, especialmente en temas relacionados con la paz total, la memoria histórica y la participación política de excombatientes.
Mientras Benedetti insiste en que el país debe conocer la verdad sobre los nexos entre políticos y paramilitares, la Defensora del Pueblo alerta que hacerlo en plena coyuntura electoral podría politizar la justicia transicional y revictimizar a quienes sufrieron el conflicto.
