Olga Alfonso respondió a las críticas de la ministra y defendió el cálculo regional.
La polémica por el cobro de la Tasa por Uso de Agua (TUA) continúa encendiendo el debate entre el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales regionales. La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, salió al paso de las declaraciones hechas por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien cuestionó públicamente el método utilizado por la corporación para liquidar dicha tasa.
Alfonso fue enfática al asegurar que el cálculo de la TUA se ha realizado siguiendo los parámetros técnicos y legales que rigen desde hace años. Según explicó, desde 2020 se vienen adelantando mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente, en las que se acordó sustituir el Estudio Nacional del Agua por un Estudio Regional, ya finalizado, que contempla las particularidades del Tolima.
“Estamos actuando conforme al decreto 1155 de julio de 2017. No se trata de improvisación, sino de aplicar las normas”, declaró la directora. Además, recordó que en su calidad de presidenta de Asocars ha solicitado múltiples veces la apertura de espacios técnicos para discutir el tema de fondo.
Gracias a la mediación de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se logró agendar una mesa técnica entre Cortolima, el Ministerio de Ambiente y otras autoridades, programada para el próximo lunes 28 de julio en Bogotá.
“Hemos enviado oficios a las ministras Susana Muhamad y Lena Estrada, y por fin logramos que nos escuchen”, afirmó Alfonso. En esa reunión, la funcionaria presentará una propuesta de fórmula diferencial para el cálculo de la TUA, que permita proteger los intereses de los productores agrícolas del departamento.
La propuesta surge en respuesta a las múltiples quejas de los arroceros, quienes argumentan que la tasa impuesta afecta directamente sus costos de producción. Alfonso enfatizó que Cortolima ha realizado revisiones conjuntas con el sector, pero insistió en que es responsabilidad del Gobierno nacional expedir un decreto o ley que permita ajustar el cálculo.
Finalmente, la directora reiteró que la seguridad alimentaria del país depende de una política hídrica equitativa. “No podemos seguir cobrando igual en territorios con realidades distintas”, sentenció.
