La reciente intervención del senador estadounidense Marco Rubio en defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha generado una fuerte reacción por parte de congresistas demócratas, quienes recalcaron que “ninguna persona está por encima de la ley”, en referencia a las investigaciones judiciales que enfrenta el exmandatario. Rubio, conocido por su postura conservadora y su cercanía con gobiernos de derecha en América Latina, había expresado preocupación por lo que calificó como una “persecución política” contra Uribe, lo cual desató críticas en el Congreso estadounidense. Los demócratas señalaron que este tipo de declaraciones externas no solo constituyen una injerencia en los asuntos internos de Colombia, sino que además ignoran la autonomía e independencia del sistema judicial colombiano, que actúa conforme al marco legal y constitucional vigente.
En respuesta, varios legisladores demócratas instaron a que se respete el debido proceso sin que actores extranjeros busquen presionar o influenciar decisiones judiciales. Para ellos, el respaldo abierto de Rubio a Uribe no es un gesto de solidaridad democrática, sino un intento de proteger figuras afines a su agenda ideológica, aún si están implicadas en investigaciones serias. También hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante, no solo frente a posibles vulneraciones de derechos humanos, sino también ante intentos de deslegitimar procesos judiciales cuando involucran a figuras poderosas. Este episodio pone en evidencia cómo los casos judiciales en Colombia pueden trascender sus fronteras y convertirse en parte del debate geopolítico, donde la justicia, la política y los intereses internacionales se entrecruzan con intensidad creciente.
