¡Temístocles es acusado por peculado!

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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Primera Instancia, formalizó la acusación contra el exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez. Ortega enfrenta cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento privado, en concurso. La Fiscalía General de la Nación presentó la acusación después de varias investigaciones que apuntan a presuntas irregularidades cometidas durante su mandato al frente de la Gobernación del Cauca.

La investigación, se centra en presuntas irregularidades en la celebración del contrato 1040 de agosto de 2014, por valor de 2.509 millones de pesos. Dicho contrato tenía como objeto la ampliación de 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto municipal de López de Micay, en el departamento del Cauca.

Implicaciones

Según la Fiscalía, Ortega habría desviado recursos del presupuesto público, beneficiando a terceros ajenos a las necesidades del departamento. El exgobernador también es señalado de falsificar documentos privados para ocultar su implicación en estas actividades ilícitas. Estos actos, según las autoridades, afectaron directamente el bienestar de los habitantes del Cauca, pues los fondos públicos destinados a proyectos y programas sociales fueron mal administrados.

El caso de Ortega no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. En medio del proceso judicial, ha surgido especulación sobre la posibilidad de que el exgobernador asuma una curul en el Senado de la República, ocupada actualmente por David Luna. Esta situación ha generado preocupación, ya que Ortega podría ingresar al Senado mientras enfrenta graves acusaciones de peculado y falsedad en documento privado, lo que complicaría aún más su futuro político.

La formalización de los cargos contra Temístocles Ortega Narváez subraya la importancia de la lucha contra la corrupción en el país, en especial cuando involucra a figuras políticas de alto perfil. Mientras avanza el proceso judicial, el exgobernador deberá enfrentar las consecuencias legales y políticas de las acusaciones en su contra.


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