La noche del sábado 8 de noviembre de 2025, en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Cristóbal (sur de Bogotá), un grave accidente vial sacudió a la capital colombiana cuando un taxi embistió a un grupo de 11 personas que caminaban por la vía pública.
El conductor del vehículo fue identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, quien según los informes oficiales conducía bajo los efectos del alcohol y con un grado de alcoholemia máximo (grado 3). Además, se determinó que circulaba en horario de restricción por pico-y-placa y que acumulaba más de diez comparendos por infracciones de tránsito.
Detalles del accidente
Según la reconstrucción de los hechos, el taxi de placas VDW 626 descendía por una pendiente y, al parecer con exceso de velocidad, perdió el control, invadió la acera y arrolló a varios peatones antes de estrellarse contra la fachada de un inmueble. Entre los atropellados se encontraban menores de edad: una joven de 15 años fue declarada con muerte cerebral y eventualmente falleció; otro menor de 7 años quedó en estado crítico.
Un patrón de consumo habitual
Más allá del accidente, el testimonio de allegados al conductor ha revelado que Chala Franco tenía costumbre de consumir alcohol de forma habitual: “mantenía tomando con amigos”, afirmó un allegado, quien agregó que “nunca le había pasado nada” pese a esta conducta. La prima de los menores atropellados, por su parte, fue más contundente: “es una persona ebria que todo el tiempo está bajo los efectos del alcohol… lleva más de cinco años manejando taxis”.
Este antecedente arroja luz sobre una cultura de impunidad o laxitud en la vigilancia, pues los testimonios señalan que “la Policía era muy alcahueta, no le decían nada” respecto al comportamiento del conductor.
Responsabilidad judicial y sanciones
Tras el accidente, la Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a Chala Franco los cargos de tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas agravadas; el mismo conductor aceptó los cargos y fue enviado a prisión preventiva.
Respecto al grado de alcoholemia, se pudo establecer que correspondía al tercero, lo que en Colombia implica una concentración de etanol en sangre mayor a 150 miligramos por decilitro y se relaciona con sanciones más severas. Además, el hecho de que el conductor violara medidas de tránsito como pico-y-placa y tuviera antecedentes de comparendos agrava su situación legal.
Impacto, repercusiones y reclamo social
El suceso ha provocado indignación social en Bogotá y en todo el país, ante la sensibilidad que genera un accidente en el que resultaron víctimas inocentes —entre ellas menores— y que además evidenció fallas en el sistema de vigilancia vial y control de conductores. Las víctimas y sus familias piden justicia, mientras que las autoridades locales han manifestado preocupación por la siniestralidad vial y por la reiteración de conductores que operan vehículos de servicio público bajo riesgo.
Este caso pone de relieve varios factores críticos: el consumo habitual de alcohol por parte de conductores profesionales, la falta de intervención oportuna de las autoridades, el incumplimiento de normativas básicas de tránsito y la vulnerabilidad de peatones frente a este tipo de siniestros.
Reflexión final
Mientras avanza el proceso judicial, el caso de José Eduardo Chalá Franco funciona como una advertencia sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control para conductores profesionales, especialmente aquellos que prestan servicios públicos, y de asegurar que las regulaciones existentes no solo estén en el papel, sino que se apliquen con rigor para proteger la vida de los ciudadanos.
