Acción de tutela cuestionó aumento en el pasaje del transporte público.
La ciudad de Ibagué quedó envuelta en un proceso judicial tras la admisión de una acción de tutela que puso bajo revisión el incremento de las tarifas del transporte público. La medida, interpuesta por la Fundación Protección Colombia de los Derechos Humanos, bajo la dirección de Luis Gonzalo Duarte Varón, abrió un debate sobre la transparencia y legalidad de la decisión tomada por la administración municipal.
El juzgado que recibió la acción consideró que podrían haberse vulnerado derechos constitucionales de los usuarios, especialmente en lo relacionado con la participación ciudadana y la claridad de los soportes técnicos. Según el accionante, el aumento se habría definido sin estudios financieros sólidos y sin mesas de discusión con veedurías, como se hacía en años anteriores.
La tutela también cuestionó la diferencia de tarifas entre zonas urbanas y rurales, señalando que los trayectos no presentan variaciones significativas en distancia y que la ciudad carece de un sistema articulado de transporte. Además, se resaltó la ausencia de mejoras visibles en la calidad del servicio, lo que genera inconformidad entre los usuarios.
El documento presentado ante el juzgado expuso falencias graves en la operación del transporte público: suspensión temprana de rutas, falta de accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad, y deficiencias en la atención al usuario. “Pagando por un servicio que no siempre se presta de manera adecuada”, fue una de las frases incluidas en la denuncia, reflejando el malestar ciudadano.
Como parte del trámite, el juez solicitó documentos técnicos que respalden el incremento y vinculó al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Gobierno, confirmando que el caso se encuentra en etapa de estudio. Aún no existe un fallo de fondo, pero la intervención de entidades nacionales demuestra la relevancia del asunto.
Finalmente, Duarte Varón enfatizó que la acción busca proteger a sectores vulnerables como estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y desempleados. Recordó que Ibagué es una de las pocas ciudades del país que no ofrece subsidios tarifarios para estas poblaciones, lo que agrava la situación y aumenta la presión sobre las autoridades locales.
