La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia antidrogas, anunciada en septiembre de 2025, ha generado presión política, diplomática y social sobre la estrategia nacional contra los cultivos ilícitos. Ante este escenario, el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha puesto sobre la mesa varias alternativas para responder al reto sin recurrir exclusivamente a la erradicación forzada, que ha sido duramente criticada por sus costos humanos y por la escasa eficacia demostrada.
Contexto: ¿Qué motivó la descertificación?
- Crecimiento récord de cultivos de coca: Según informes de organismos internacionales como la UNODC, Colombia alcanzó en 2023 unas 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que se considera un récord histórico.
- Reducción de metas y resultados decrecientes en erradicación: Bajo el gobierno de Petro, las metas de erradicación forzada se redujeron comparadas con las de administraciones anteriores, y las hectáreas erradicadas han sido significativamente menores.
- Incremento en incautaciones: Aun cuando las incautaciones de cocaína han llegado a niveles elevados (cifras récord en varios reportes), Estados Unidos considera que no compensan el crecimiento de los cultivos y la producción.
- Presión diplomática y política: La descertificación también se explica por la relación tensa entre el gobierno colombiano y la administración de Donald Trump, y por la presión para mostrar resultados visibles en la lucha contra el narcotráfico.
Principales alternativas que se están considerando o reforzando
- Sustitución voluntaria de cultivos
Es la estrategia central que quiere privilegiarse frente a la erradicación forzada. Implica ofrecer incentivos económicos, apoyo técnico, acompañamiento productivo y legal para que los campesinos que cultivan coca cambien a cultivos lícitos (como café, cacao u otros). Ventajas:- Menos confrontaciones violentas y menos riesgo para la vida de los operativos de seguridad. El propio presidente Petro ha dicho: “La erradicación forzada de coca mata policías, no la volveré a hacer”. Mejor aceptación social en comunidades tradicionales cocaleras.
- Cumplimiento de los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Muchas familias aún no han recibido los apoyos prometidos en términos de infraestructura, aportes técnicos o recursos económicos.
- Rentabilidad de los cultivos lícitos: los campesinos muchas veces señalan que lo que se gana con coca es muy superior a lo que ofrece el Estado con cultivos legales.
- Erradicación manual y reducción gradual de métodos forzados o químicos
Aunque se busca alejarse de la erradicación forzada con fumigaciones aéreas o uso intensivo de herbicidas, el gobierno reconoce que en algunos casos la erradicación manual sigue siendo una herramienta legal y viable. - Reforzamiento institucional y control territorial
Se considera la necesidad de aumentar la capacidad del Estado en zonas donde impera la ilegalidad: presencia efectiva de seguridad, justicia, infraestructura básica (vías, servicios), acceso a mercados, para reducir la dependencia de economías ilícitas. - Cooperación internacional condicionada y diplomacia
Buscar negociar con EE. UU. y otros socios internacionales para que la ayuda, la financiación y la cooperación estén acompañadas de un entendimiento mutuo sobre métodos aceptables (evitar abusos, proteger derechos humanos, respeto por lo ambiental, etc.). También explorar exenciones temporales (“waiver”) que permitan mantener apoyos mientras se implementan cambios concretos. - Políticas de desarrollo alternativo integradas
No basta con sustituir cultivos: se requiere que haya acompañamiento de acceso a mercados, infraestructura, servicios sociales, y que los proyectos productivos alternativos sean competitivos. - Comunicación, transparencia y rendición de cuentas
Mejorar el monitoreo de los cultivos ilícitos, hacer públicos los datos, mostrar avances reales para recuperar credibilidad ante la población nacional y los socios internacionales.
Riesgos y obstáculos
- Credibilidad y cumplimiento: Si el gobierno no logra entregar los recursos prometidos o si los proyectos de sustitución demoran, puede generarse desconfianza entre campesinos.
- Presión de actores armados: En muchas regiones los cultivos ilícitos están bajo control de grupos criminales que pueden sabotear o impedir la implementación de alternativas voluntarias.
- Financiamiento insuficiente: Las políticas de sustitución, apoyo técnico, infraestructura y acompañamiento requieren recursos sostenidos, lo que puede chocar con limitaciones presupuestales o cambios de gobierno.
- Marco legal y regulatorio: Algunas propuestas, como comprar la hoja de coca para usos legales o industriales, se enfrentan a vacíos legales, resistencias normativas y riesgos ambientales y sociales.
¿Hacia dónde parece inclinarse la estrategia del Gobierno?
El presidente Petro, en sus declaraciones más recientes, ha dejado claro que no volverá a aplicar la erradicación forzada como política general, particularmente aquella que implique confrontaciones violentas o métodos cuestionados por su impacto humano.
En cambio, su apuesta se centra en:
- Aumentar las áreas de sustitución voluntaria y fortalecer el PNIS para que las comunidades que abandonen la coca tengan alternativas de vida viables.
- Explorar el equilibrio entre manualidad en la erradicación cuando sea necesario, pero evitando métodos forzados o herbicidas polémicos.
- Mantener la cooperación con Estados Unidos, pero exigiendo que sea una cooperación que tome en cuenta variables sociales, ambientales y humanitarias, no solo las métricas de hectáreas erradicadas.
Posibles efectos de la descertificación si no hay cambios
- Reducción de la cooperación internacional y de ciertos flujos de ayuda que podrían depender del cumplimiento de metas antinarcóticas exigidas por EE. UU.
- Mayor dificultad para atraer inversión extranjera si pesa la percepción de inestabilidad o inseguridad vinculadas al narcotráfico.
- Impacto diplomático negativo, con posible aislamiento en esfuerzos multilaterales de lucha contra drogas o crimen organizado.
- Costos internos crecientes si se recurre a métodos coercitivos que podrían generar violaciones de derechos humanos, conflictos con comunidades y escalada de violencia.
