La Procuraduría General de la Nación dejo suspendido e inhabilitado, por 12 años, del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez. La medida se basa en presuntas irregularidades relacionadas con cambios no autorizados en las listas de candidatos para cargos administrativos y agentes interventores de cajas de compensación. Según las investigaciones, Pérez habría designado a personas que no participaron en la convocatoria original, infringiendo así los protocolos establecidos. Además, se constató que solicitó contribuciones financieras a las cajas vigiladas para Buenaventura, un procedimiento no respaldado por la legislación colombiana. El propio Pérez confirmó la noticia a través de sus redes sociales y convocó a una conferencia de prensa para el miércoles 8 de mayo a las 10:00 a. m. En la sede de la CUT Nacional.
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Respuesta
«Luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación de imponerme una sanción de destitución e inhabilitación general por 12 años. En una investigación iniciada por orden de la Dra. Margarita Cabello, debido a mi solicitud de apoyo voluntario y solidario a la iniciativa de paz de monseñor Rubén Darío en Buenaventura, y por abrir una lista cerrada dejada por el gobierno anterior. Para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas”.
Es relevante destacar que el 28 de noviembre de 2023, la Procuraduría confirmó la suspensión provisional de tres meses contra Pérez por los supuestos cambios en las listas de elegibles. En esa ocasión, la Sala Disciplinaria del órgano de control enfatizó que el exfuncionario había incumplido su deber funcional al intervenir en la convocatoria.
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Investigación
Además, las autoridades resaltaron que esta intervención permitió a Pérez designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez. Como director administrativo de Comfamiliar Huila, una caja de compensación familiar en ese departamento. El superintendente destituido ha levantado serias acusaciones contra la Procuraduría, alegando múltiples irregularidades en su proceso disciplinario.
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Según él, el proceso se inició sin que hubiera una queja previa en su contra, sino por una solicitud directa de la procuradora general Margarita Cabello Blanco. Además, afirma que detrás de todo el asunto está la presidenta de Asocajas. El gremio que reúne a las cajas de compensación, Adriana Guillén, quien es esposa del exprocurador general Edgardo Maya. Según el destituido superintendente, Guillén le confesó que ella y su esposo eran amigos cercanos de la procuradora general y otros funcionarios del Ministerio Público involucrados en su caso.
El exfuncionario también señala que, durante el proceso, su primer abogado renunció en medio de una audiencia y fue reemplazado por Fernando Rodríguez. Quien había sido secretario privado de Edgardo Maya cuando este era procurador general. Además, asegura que cuando intentó recusar a una funcionaria de la Procuraduría que lo estaba procesando. La procuradora Yolanda Reyes continuó actuando y la recusación fue rechazada en un tiempo récord de dos horas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. A pesar de este fallo, quedan pendientes una segunda instancia, una acción de tutela y una denuncia penal. El desenlace de estas acciones queda aún por verse.
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