La operación de SuperGIROS en la región Caribe se ha visto gravemente afectada debido a las amenazas del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el ‘Clan del Golfo’, lo que ha provocado el cierre de más de 3,000 puntos de atención en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena y La Guajira.
La situación se intensificó tras el asesinato de Fernanda Mozo, trabajadora de SuperGIROS, ocurrido en Bosconia el pasado 4 de noviembre. Desde entonces, el grupo armado ha incrementado su ofensiva, exigiendo con intimidaciones y actos de violencia el cierre de los locales.
Este sábado se registraron nuevos ataques: uno en Luruaco y otro en la calle Murillo con carrera 9B de Barranquilla, donde una colaboradora resultó herida.
Intimidación y violencia directa
En Carmen de Bolívar, hombres armados realizaron disparos en un punto de atención, obligando al cierre de varios locales. En otros municipios, los atacantes, que se identificaron como miembros del ‘Clan del Golfo’, amenazaron con represalias a quienes permanecieran operando, generando un clima de zozobra en la región.
Las trabajadoras afectadas relatan que los agresores llegan en grupos pequeños, mostrando armas de fuego mientras exigen el cierre inmediato.
Impacto económico y social
En el Golfo de Morrosquillo, departamento de Sucre, la red de SuperGIROS está completamente paralizada, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad económica para su sustento. La empresa, que opera en algunos de los municipios más apartados de Colombia, también presta servicios bancarios y de pago de servicios públicos, fundamentales para muchas comunidades.
Respuesta de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente las acciones del ‘Clan del Golfo’, enfatizando que la mayoría de las trabajadoras afectadas son mujeres, quienes han sido el blanco principal de las intimidaciones.
Incremento del riesgo pese al apoyo estatal
Aunque SuperGIROS ha contado con el respaldo de las autoridades locales, incluyendo la Policía y el Ejército, la violencia ejercida por estos grupos ilegales ha escalado en las últimas horas, poniendo en peligro la vida de miles de personas que dependen de la red en la región Caribe.
La situación exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado para garantizar la seguridad de las trabajadoras y la continuidad del servicio, vital para muchas comunidades marginadas del país.