Daniel Briceño, un abogado bogotano de 32 años, se ha ganado la atención pública gracias a sus más de 400 denuncias en contra del gobierno de Gustavo Petro. Su última acción ha puesto en una posición delicada al exsenador y exgobernador de Boyacá, Jorge Eduardo Londoño, quien desde el 29 de agosto de 2022 ha dirigido el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Según Briceño, la Contraloría General de la República ha confirmado un detrimento patrimonial en la contratación de servicios tecnológicos en el SENA, bajo la administración de Londoño, que supera los 34.000 millones de pesos.
Proclamación; La Contraloría acaba de confirmar que la administración de Jorge Eduardo Londoño, director del SENA, le ha ocasionado al país un detrimento patrimonial de $34.423.146.414 en la contratación de servicios tecnológicos», publicó Briceño en su cuenta de X, además, Briceño destacó que la denuncia fue presentada el año pasado y que ahora se esperan sanciones prontas, exigiendo la renuncia inmediata de Londoño como director del SENA. El abogado compartió su mensaje acompañado de un facsímil de la respuesta oficial de la Contraloría, que corrobora sus denuncias y resalta la magnitud del detrimento patrimonial ocurrido en la entidad.
Jorge Eduardo Londoño, quien previamente ocupó el cargo de gobernador de Boyacá, ha sido reconocido en su carrera política por su estricta postura en contra de la malversación de fondos públicos, llegando a afirmar en varias ocasiones que «no se puede perder un peso». No obstante, desde que asumió la dirección del SENA, ha enfrentado críticas por su manejo de los recursos de la entidad y, según lo mencionado por Briceño, ha estado inaccesible para responder a las acusaciones y enfrentar la presión que ahora se cierne sobre él.
Además de la controversia generada por este caso, se ha cuestionado la capacidad de Londoño para gestionar eficientemente una entidad de la magnitud del SENA. Esto ha llevado a varios sectores políticos y sociales a exigir no solo su renuncia, sino también una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y administración de recursos dentro de la institución. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas y afectar la confianza del público en la administración del SENA y otras entidades gubernamentales.
