Ante la Procuraduría Regional del Meta fue solicitada la suspensión del presidente de la Asamblea Departamental, Héctor Fabio Vélez, conocido como “Mariachi”. La petición se sustenta en una presunta omisión frente al fallo del Consejo de Estado que ordenó la pérdida de investidura del diputado Carlos Collazos, quien ejerció como concejal de Villavicencio durante el periodo 2020-2023.
Proceso
El demandante, argumenta que Vélez habría incurrido en la misma conducta que en su momento le costó una demanda de pérdida de investidura al expresidente de la Asamblea, Oswaldo Avellaneda Lizcano. Según el argumento, esta omisión consistiría en no dar cumplimiento al fallo del alto tribunal que resolvió la situación jurídica de Collazos.
El caso de Collazos fue resuelto en última instancia por el Consejo de Estado, que decretó la pérdida de su investidura por irregularidades durante su gestión como concejal. Sin embargo, Molina asegura que la Asamblea Departamental, bajo el liderazgo de Vélez, no habría tomado las medidas correspondientes para garantizar la implementación de dicha decisión judicial, lo que configuraría una presunta falta disciplinaria.
La solicitud presentada ante la Procuraduría Regional busca determinar si, en efecto, Héctor Fabio Vélez incurrió en omisiones similares a las que se le atribuyeron a Avellaneda Lizcano. En el caso de este último, dichas acciones derivaron en una demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Hasta el momento, Héctor Fabio Vélez no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud en su contra. Por su parte, la Procuraduría Regional del Meta no ha emitido aún un comunicado oficial respecto al trámite de la petición o los posibles tiempos para una resolución.
Contexto
La figura de la pérdida de investidura es una sanción de carácter definitivo que se aplica a los servidores públicos de elección popular cuando incurren en conductas que vulneran las disposiciones legales o constitucionales. En el caso del diputado Carlos Collazos, el Consejo de Estado consideró que su actuación como concejal de Villavicencio no cumplió con los requisitos establecidos, lo que derivó en la sanción máxima.
La situación actual de Vélez podría tener implicaciones relevantes para la gobernabilidad de la Asamblea del Meta, toda vez que se encuentra al frente de esta corporación. La continuidad en el cargo dependerá de la evaluación que realice la Procuraduría sobre la procedencia de la suspensión solicitada.
