En los últimos meses, la comunidad de La Mesa, Cundinamarca, ha sido testigo de un creciente malestar debido al estado de las obras viales en la región. Mientras que los medios de comunicación oficiales y ciertos canales de televisión promocionan la ejecución de grandes, modernos y seguros corredores viales, la realidad que enfrentan los habitantes es completamente diferente. A través de la denuncia de Yamile Romero, residente local, se evidencian serios problemas con los tramos viales a cargo de la Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB), Findeter, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), y otras entidades responsables de las obras, cuyo accionar parece carecer de supervisión y transparencia.
Romero señala que, en muchos de los tramos que deberían haber sido adecuados, las condiciones siguen siendo deplorables, con obras mal ejecutadas y sin una supervisión adecuada por parte de las entidades responsables. “Las promesas de modernización se quedan solo en papeles. En la práctica, no vemos avances sustanciales ni la seguridad que nos habían prometido,” afirma la denunciante, quien ha documentado las deficiencias de las obras con fotografías y testimonios.
El verdadero problema, sin embargo, no radica solo en la ejecución de estas obras, sino en la falta de seguimiento y responsabilidad por parte de las autoridades locales y regionales. La Alcaldía de La Mesa y la Gobernación de Cundinamarca, encabezada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, parecen haber olvidado que, además de hacer promesas, deben cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad. Un claro ejemplo de ello fue el compromiso adquirido el 27 de julio con los habitantes de la región, que según testimonios de los seguidores de la causa, aún no ha sido cumplido en su totalidad.
