La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilidad por 20 años del patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas, tras comprobar su responsabilidad en la muerte del ciudadano venezolano Anthony Gabriel Estrada, ocurrida durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en el sector de León XIII, municipio de Soacha (Cundinamarca).
De acuerdo con el fallo disciplinario, Márquez Rojas utilizó su arma de dotación de manera injustificada, infringiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución exigidos por el ordenamiento jurídico en el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. La víctima recibió un disparo letal mientras se encontraba en las inmediaciones de la estación de Policía, donde se registraban manifestaciones ciudadanas en rechazo a casos de abuso policial.
Además del patrullero Márquez, la Procuraduría también sancionó con ocho años de inhabilidad al uniformado Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla, por realizar disparos indiscriminados con su arma de fuego en el mismo contexto de protesta social.
El Ministerio Público fue enfático al señalar que el uso de armas letales por parte de la Policía Nacional durante protestas sociales no está justificado, ni siquiera cuando estas se tornan violentas. Según la Procuraduría, en este caso quedó claro que se vulneraron los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, especialmente al tratarse de un uso letal injustificado en un escenario de alta tensión social.
Este fallo representa un precedente importante en la lucha contra la impunidad en casos de abuso policial en Colombia. La Procuraduría reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y la garantía del uso legal y responsable de la fuerza por parte del Estado.
