Incluso en el sistema judicial, Colombia está en un punto crucial para la implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA). En ese aspecto, la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional ofrece una visión sobre cómo la IA puede transformar el sector, al tiempo que subraya la necesidad de un enfoque ético en su aplicación.
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En ese orden de ideas, la implementación de sistemas de IA en el ámbito judicial tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia y productividad del sistema. La IA puede automatizar tareas repetitivas, como la revisión de documentos, expedientes y precedentes, permitiendo que los jueces se concentren en aspectos más complejos de la toma de decisiones.
Estos sistemas tienen la capacidad de procesar grandes cantidades de datos con rapidez y precisión, facilitando así la recopilación y análisis de información esencial para la toma de decisiones judiciales. Esto no solo agiliza el trabajo, sino que también mejora la calidad de las decisiones al reducir el riesgo de errores humanos.
De igual forma, un ejemplo de la aplicación de IA en la justicia se encuentra en Estonia, donde se ha desarrollado un “juez robot» para resolver casos menores. En China, el asistente legal Xiao Zhi 3.0 asiste a los jueces en el análisis de documentos y preparación de providencias judiciales.
En Brasil, el proyecto Sócrates permite identificar y acumular procesos judiciales similares para emitir decisiones más eficientes.
En el sistema judicial
Pero, explicó que hasta que se promulgue una ley “el uso que se le dé a estos sistemas depende de la autorregulación y autocontroles, aplicados al sector justicia, así como, por su puesto, las disposiciones de orden público que son aplicables a los jueces en la adjudicación de controversias”.
De conformidad con la sentencia T-323 de 2024, el uso de IA en el sistema judicial plantea importantes desafíos relacionados con el debido proceso y la garantía del juez natural. La Corte identificó preocupaciones sobre cómo la IA puede afectar la imparcialidad y la transparencia en la toma de decisiones.
En particular, se ha discutido cómo asegurar que la IA respete los derechos fundamentales y no comprometa la independencia judicial. La garantía de un juez competente e imparcial es fundamental y debe ser protegida a pesar de la incorporación de nuevas tecnologías.
Con retos
Agregó que “uno de los retos destacados por la Corte es la garantía del debido proceso probatorio, entendido como el derecho de los usuarios de la administración de justicia a solicitar el decreto y práctica de pruebas con respecto a las cuales la sentencia estará basada”.
Aquí, la adopción de un sistema de IA, como lo ha apuntado la Corte, podría conducir a que en el proceso de toma de decisión se tenga en cuenta una respuesta desacertada de la herramienta de IA, con respecto a estándares legales o constitucionales para ordenar un medio probatorio en específico.
Según el experto, a nivel internacional, la regulación de la IA está en desarrollo, con instrumentos de soft law que, aunque no vinculantes, ofrecen directrices para el desarrollo ético de estas tecnologías.
Recomendaciones de organizaciones como la OCDE, la Unesco, y el Foro Económico Mundial abogan por la transparencia, la responsabilidad y la participación en el desarrollo de la IA. Estas recomendaciones incluyen la necesidad de establecer terminología precisa, sensibilizar a la opinión pública y garantizar la trazabilidad de los contenidos generados por IA.
