Millonaria inversión sin resultados visibles
El ambicioso proyecto de videovigilancia que prometía reforzar la seguridad en Bogotá con 200 cámaras lectoras de placas se convirtió en símbolo de ineficiencia. Con una inversión superior a los $14.339 millones, solo 50 dispositivos han sido instalados y muchos ni siquiera están operativos.
El contrato, que ha tenido cuatro prórrogas, acumula más de 700 días de retraso. Desde mayo de 2025 no cuenta con interventoría, lo que deja sin supervisión técnica ni financiera una de las apuestas más costosas en materia de seguridad para la capital.
Concejo de Bogotá denuncia el colapso del sistema
Durante un debate en el Concejo, el concejal Óscar Ramírez Vahos denunció múltiples irregularidades en la ejecución del contrato. Mientras el Distrito insiste en que “Bogotá camina segura”, la realidad es que la ciudad avanza entre fallos técnicos, incumplimientos contractuales y descontrol administrativo.
De las 200 cámaras prometidas, 150 siguen embodegadas y varias de las que sí están instaladas no funcionan. A esto se suma el hecho de que más de 1.790 cámaras del sistema actual también están fuera de servicio.
Una ejecución plagada de fallas
Baja ejecución física y múltiples problemas técnicos
Con solo un 70 % de avance físico, el contrato enfrenta problemas estructurales graves: especificaciones técnicas imprecisas, falta de experiencia en obras civiles y permisos sin tramitar. El proyecto hace parte de una estrategia de seguridad más amplia, respaldada con $705 mil millones aprobados por el Concejo, pero su implementación va muy por debajo de lo proyectado.
La crisis de seguridad en Bogotá empeora
El panorama de inseguridad sigue deteriorándose. Solo en 2024 se reportaron 1.204 homicidios, el pico más alto en ocho años. En los primeros tres meses de 2025, el secuestro extorsivo creció un 1.200 %, las extorsiones aumentaron un 70 % y los hurtos a personas superaron los 30.000 casos.
Ciudadanía exige respuestas urgentes
Ante este panorama, el concejal Vahos solicitó declarar el incumplimiento del contratista, asignar una nueva interventoría y elaborar un plan de cumplimiento realista con auditoría externa. Para él, Bogotá no camina segura, sino “en la incertidumbre”.
