La demanda interpuesta por dos sindicatos del Ministerio de Defensa en contra del senador Miguel Uribe Turbay, la cual que pretende retirarle su investidura, ha desatado reacciones de indignación por parte de distintos sectores políticos. El senador y precandidato presidencial, víctima de un intento de magnicidio el pasado 7 de junio, lucha por su vida tras un atentado sicarial, lo que ha desatado críticas acerca de la indelicadeza e inconveniencia del recurso interpuesto por las agremiaciones.
Las organizaciones que presentaron el recurso fueron la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional (Sinsergen), que pretenden que Uribe Turbay pierda su curul porque habría incurrido en actos proselitistas y de precampaña política el mismo día en que intentaron matarlo.
Luis Felipe Durán Suárez, vicepresidente nacional de la UTC, aseguró que la acción judicial no pretende que la organización cobre protagonismo, negó cualquier intención oportunista y aseguró que el cubrimiento de los medios de comunicación ha elevado la tensión en redes sociales en contra del sindicato.
“Si fuera una cosa que buscáramos protagonismo o una situación oportunista, se habrían hecho divulgaciones en nuestras propias redes, muy pomposas, pero no. Hicimos las cosas en derecho. Estas situaciones lo que están generando son conflictos y controversias que incluso han llegado a un manejo descontrolado de los medios de comunicación hacia nuestras redes sociales que se están llegando a un momento bastante grosero”, afirmó.
Por su parte, Carlos Alberto Sánchez Grass, el encargado de interponer la demanda, justificó la acción legal, con el argumento de que Uribe Turbay violó la normativa electoral vigente al realizar actividades políticas en una fecha prohibida. En declaraciones exclusivas a la revista Semana, Sánchez Grass dijo que no se arrepiente y que no echará marcha atrás en la demanda.
“Como asociación sindical realizamos constantemente acciones jurídicas en cuanto a todo, porque entendemos que el sindicalismo, en sentido amplio, todo le compete, máxime un tema político, como el de este muchacho Miguel Uribe. Entonces, simplemente, es el desarrollo de una acción de las cuales nosotros acostumbramos a hacer todos los días acá en el sindicato, esas son las motivaciones”, declaró Sánchez a Semana, al tiempo que atacó a los medios de comunicación colombianos porque en su opinión la demanda es de “baja o poca monta”.
La demanda, no obstante, no cuenta con el respaldo unánime dentro del sector sindical del Ministerio de Defensa. Otros sindicatos, como la Asociación Sindical de Servidores Públicos No Uniformados del Ministerio de Defensa (ASPPMINDEFENSA), han rechazado públicamente la demanda y han aclarado que Sánchez Grass representa solo a una minoría dentro del gremio. Estas organizaciones han manifestado que la acción legal no refleja los intereses ni el sentir de la mayoría de los trabajadores del sector defensa y han expresado su apoyo total al senador Uribe en este difícil momento.
La controversia se ha extendido al plano político, donde algunos sectores han denunciado que la demanda tiene motivaciones políticas y constituye una forma de persecución contra Miguel Uribe. El concejal Andrés Barrios Bernal, por ejemplo, señaló que la acción judicial estaría vinculada con sectores del progresismo, lo que ha generado un debate sobre la oportunidad y el fondo de la denuncia, especialmente considerando el delicado estado de salud del senador tras el atentado.
