Una nueva controversia política y administrativa se abrió en la Alcaldía de Popayán luego
de que la Organización Sindical de Empleados Públicos de Popayán (OSEPP) denunciara
ante organismos de control presuntas irregularidades en la modificación de la planta de
personal que involucró siete cargos de inspectores.
El caso gira alrededor del Decreto 20261000002375, expedido el 2 de julio de 2026 por el
alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, mediante el cual fueron suprimidos siete cargos de
Inspector de Policía Urbano y creados otros siete de Inspector de Convivencia y Paz. La
Ley 2492 de 2025 estableció precisamente el cambio de denominación de estos empleos.
La OSEPP sostiene que la administración habría ido más allá de un simple cambio de
denominación y cuestiona que los cargos anteriores fueran eliminados para crear nuevos
empleos con diferente código y grado salarial.
Uno de los puntos que más llama la atención del sindicato es que el decreto y el estudio
técnico que lo sustenta aparecen fechados el mismo día. La organización también asegura
que la consulta sindical no habría cumplido las condiciones requeridas y cuestiona que
documentos relacionados con el proceso fueran conocidos posteriormente.
La normativa de Función Pública establece que, antes de adoptar determinadas
modificaciones de manuales, debe adelantarse un proceso de consulta con las
organizaciones sindicales y dejar constancia de las observaciones realizadas.
Tres vacantes abren nuevas preguntas
La controversia aumentó tras conocerse una comunicación interna del 8 de septiembre,
citada por la OSEPP, en la que se reportan tres cargos de Inspector de Convivencia y Paz en
vacancia definitiva. Para el sindicato, este dato plantea interrogantes sobre el destino de los servidores que
ocupaban los empleos anteriores y sobre la manera en que se implementó la reforma.
La OSEPP pidió revisar y dejar sin efecto las actuaciones que considera irregulares, además
de garantizar debido proceso, transparencia y protección de los empleados de carrera.
El caso ya fue puesto en conocimiento de la Alcaldía, Personería, Concejo Municipal,
Procuraduría y Ministerio de Trabajo. Ahora la discusión queda abierta: ¿se trató de una
adecuación administrativa necesaria para aplicar la nueva ley o existieron fallas en el
procedimiento? La respuesta oficial será clave para establecer qué ocurrió con los siete
cargos y sus titulares.
