El alcalde expresó su preocupación por la orden de asumir las comidas de quienes se encuentran en centros de detención transitoria.
Redacción Extra
Los alcaldes de Colombia recibieron una orden clara y contundente por parte del Gobierno nacional: a partir del próximo 1 de julio, deberán asumir la responsabilidad de financiar las tres comidas diarias de los sindicados que se encuentran en los centros de detención transitoria en sus municipios.
Esta decisión ha generado una serie de inquietudes y preocupaciones en las alcaldías, principalmente por la magnitud de los recursos que se requerirán para cumplir con esta nueva obligación, y por las dificultades económicas que enfrentan actualmente los entes territoriales en todo el país.
Preocupación
El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, manifestó públicamente su preocupación ante esta medida, señalando que la carga adicional que impone el Gobierno central resulta insostenible en el contexto actual. «El Gobierno ha endosado a los municipios la responsabilidad de suministrar los tres alimentos diarios a las personas que están en centros de detención transitoria, situación que esta Administración no está en condiciones de asumir con los recursos disponibles en este momento», afirmó Baquero en un pronunciamiento oficial. La situación, añadió, no solo afecta la atención a los sindicados, sino que también complica la gestión de otros proyectos prioritarios en la ciudad, como los programas de pavimentación de vías y mejoramiento de infraestructura.
Cifras alarmantes
Cifras alarmantes reflejan la magnitud del problema. En Villavicencio, se calcula que hay entre 800 y 1.000 personas sindicadas en los centros de detención transitoria, lo que implica que se deben suministrar aproximadamente 3.000 raciones alimentarias diarias para cubrir sus necesidades. Los costos asociados a esta alimentación superan los 10.000 millones de pesos anuales, una cifra que, por ahora, el municipio no cuenta con la disponibilidad inmediata para afrontar. Además, esta medida representa un incremento en los gastos que los municipios deben asumir, tras una serie de recortes y transferencias reducidas por parte del Gobierno nacional en otros programas sociales y de apoyo, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Gastos
El alcalde Baquero explicó que, en los últimos años, el Gobierno ha trasladado progresivamente ciertos gastos a los municipios, argumentando que así se busca una mayor autonomía y eficiencia en la gestión local. Sin embargo, en la práctica, esto ha significado una reducción de recursos destinados a atender necesidades básicas de la población, y en este caso particular, la alimentación de los sindicados en centros de detención. La situación, por tanto, pone en jaque la capacidad de los municipios para garantizar estos servicios y cumplir con las nuevas responsabilidades sin afectar otras áreas prioritarias.
